El memorándum de entendimiento para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) se ha extendido hasta junio de 2025, informó el canciller Eduardo Enrique Reina. Esta es la cuarta prórroga desde que se suscribió el acuerdo inicial en diciembre de 2022.
Durante los actos conmemorativos del 60 aniversario del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) en Panamá, Reina subrayó que el Gobierno de Honduras mantiene negociaciones activas con Naciones Unidas. «Esta es una prioridad de la Presidenta Xiomara Castro, y esperamos suscribir este documento lo más pronto posible», afirmó.
Reina confirmó que se ha pactado una nueva extensión del acuerdo con la ONU hasta junio del próximo año, aunque expresó confianza en que las negociaciones se concluirán antes de esa fecha. «Esperamos culminar esta negociación antes de junio y tener el documento cerrado», reiteró.
El canciller contrastó la actual administración con la anterior, recordando que el gobierno de Juan Orlando Hernández fracasó en establecer una CICIH funcional, optando en su lugar por una Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) con capacidades limitadas.
«Cuando la MACCIH empezó a abordar los grandes problemas de corrupción, la desestabilizaron y la eliminaron del país», comentó.
La falta de avances tangibles preocupa a varios sectores, incluyendo al diputado Yahvé Sabillón, quien criticó la inacción gubernamental respecto a los requisitos establecidos por la ONU.
Sabillón mencionó la necesidad de reformar el Código Penal para endurecer las sanciones por corrupción y crimen organizado, y la falta de aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y la revisión de la inmunidad parlamentaria como obstáculos para la CICIH. «Es lamentable que no se haya revisado el Código Penal como lo pidió la ONU. Las penas siguen siendo irrisorias», señaló.
El diputado también subrayó la importancia de excluir de la amnistía política los delitos no relacionados con persecuciones políticas. «No se ha tomado en cuenta el proyecto 4-2022 en la amnistía política, que no debería incluir delitos que nada tienen que ver con persecución política», puntualizó.
El gobierno hondureño enfrenta crecientes presiones para mostrar avances concretos en la instalación de la CICIH, considerada por muchos como un paso clave para restaurar la confianza en las instituciones del país y combatir la corrupción de manera efectiva.
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