La Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán este lunes revocó la medida de arresto domiciliario que gozaba el exgeneral en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez, ordenando su traslado a prisión preventiva.
Junto a él, también se revocó las medidas a Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez, exaltos oficiales acusados en el caso del homicidio de Isy Obed Murillo ocurrido durante las protestas del 5 de julio de 2009, en el marco del golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya.
La decisión judicial, tomada en un tiempo récord, se produce tras la solicitud del Ministerio Público, que argumentaba la necesidad de que los acusados enfrenten el proceso penal de manera efectiva.
La respuesta de Romeo Vásquez
En respuesta a la resolución, Romeo Vásquez Velásquez expresó su indignación y denunció que existe un “plan” para asesinarlo. “Tengo información de que me quieren asesinar, ¿será que para eso me quieren mandar a Támara? ¿Será que ya tienen un acuerdo para que alguien me elimine?”, declaró el exmilitar en una conferencia realizada desde su domicilio.
El funcionario, que mantuvo desde entonces su defensa frente a las acusaciones y se aumentó “preso político”, aseguró que la medida judicial obedece a motivaciones políticas, en un contexto marcado por la inminencia de elecciones internas.
Además, Vásquez Velásquez se considera un «preso político» y atribuye su situación a una «venganza política» del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre), acusándolos de intentar silenciar a la oposición La defensa de los acusados ha anunciado que interpondrá recursos legales para evitar su retorno a prisión
Asimismo, reiteró su postura de que no ha ordenado ningún atentado contra la ciudadanía, cuestionando la falta de pruebas contundentes que lo vinculen directamente con los hechos de 2009.
En conclusión la revocación del arresto domiciliario y la orden de prisión preventiva han generado reacciones encontradas en el país, polarizando a sectores políticos y sociales, mientras la defensa de los exmilitares anuncia que recurrirá la medida ante lo que califican de una “acción precipitada y politizada” del sistema judicial.
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