El Gobierno de Honduras reafirmó que la decisión de denunciar el Tratado de Extradición con Estados Unidos se basó en la preocupación de que este mecanismo pudiera ser utilizado con fines políticos, especialmente en el contexto del proceso electoral del país.
Las autoridades hondureñas consideraron que no era aceptable que la extradición se empleara para influir en asuntos internos de carácter político, ya que esto representaba un riesgo real para la estabilidad nacional.
“No se podía permitir que la extradición se usará en ningún momento en temas políticos, y esa fue la razón de denunciarlo y por lo tanto sí era un riesgo”, afirmó el canciller Eduardo Reina en una declaración pública.
Aunque la extradición sigue siendo vista como una herramienta clave en la cooperación internacional contra el crimen organizado, el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha enfatizado que su uso debe limitarse a fines de seguridad y justicia, evitando cualquier manipulación con objetivos electorales o políticos.
Esta postura refleja el compromiso del Ejecutivo con los acuerdos bilaterales y multilaterales en materia de seguridad, pero también su firmeza en proteger la soberanía y la estabilidad política del país según lo que argumentan desde el gobierno central.
“La extradición es una herramienta muy importante. Lo hemos dicho, lo ha dicho la Presidenta, lo ha dicho la ministra de Defensa. Es una herramienta útil. Nuestra preocupación es que no se use para temas políticos, sobre todo en términos electorales”, enfatizó.
Uno de los incidentes que generó tensiones y contribuyó a la decisión de denunciar el tratado fue la declaración de la embajadora estadounidense, Laura Dogu, quien vinculó una visita oficial de altos funcionarios hondureños a Venezuela con presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Gobierno hondureño aclaró que dicha visita tenía como objetivo participar en una competencia de cadetes junto con representantes de otros países latinoamericanos, y que la difusión de información de inteligencia que sugería lo contrario provocó desestabilización interna.
Este episodio generó preocupación en el Gobierno, ya que algunos altos mandos de las Fuerzas Armadas comenzaron a conspirar contra el jefe del Estado Mayor Conjunto, lo que fue percibido como un “riesgo peligroso” para la estabilidad del país.
Dado el papel crucial que desempeñan las Fuerzas Armadas en el contexto electoral, la administración de Castro consideró prioritario evitar cualquier interferencia que pudiera afectar el orden interno.
A pesar de la denuncia del tratado, el Gobierno hondureño ha aclarado que mantiene su compromiso con la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. La decisión no implica un rechazo a la colaboración en materia de seguridad, sino una medida para proteger la estabilidad política del país y evitar que la extradición sea utilizada como un instrumento de manipulación interna.
En resumen, la administración de Xiomara Castro ha dejado claro que, aunque sigue comprometida con la lucha contra el crimen organizado y la cooperación internacional, no permitirá que la extradición se convierta en una herramienta de interferencia política.
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