Dos miradas sobre un mismo problema: un estudio académico apunta a causas estructurales de la violencia sexual, mientras en el Congreso se impulsa un endurecimiento histórico del Código Penal
Investigación académica: las raíces sociales del abuso sexual en Honduras
La violencia sexual en Honduras no puede entenderse como un hecho aislado ni como la simple acción de individuos concretos. Esa es una de las principales conclusiones del estudio “Abusos sexuales en Honduras: Una mirada psicosocial desde la perspectiva de la población hondureña”, elaborado por investigadores de la Universidad de Málaga y publicado en la revista científica Polis (Santiago).
La investigación fue desarrollada por Pilar Moreno-Jiménez, M. Luisa Ríos-Rodríguez y José M. Salgado-Cacho, en colaboración con organizaciones locales en Honduras. El trabajo se basó en entrevistas en profundidad a 40 jóvenes hondureños —hombres y mujeres entre 15 y 28 años— procedentes de distintos contextos sociales, tanto urbanos como rurales.
El objetivo no fue medir cifras, sino comprender percepciones, narrativas y factores culturales que rodean el abuso sexual en el país.
Entre los hallazgos más relevantes se encuentra la persistencia de una cultura de silencio. Hablar de sexualidad continúa siendo un tema tabú en numerosos hogares y centros educativos. Esa ausencia de diálogo, sostienen los investigadores, limita la prevención y refuerza la impunidad.
El estudio también identifica factores estructurales que incrementan la vulnerabilidad: Cultura patriarcal y relaciones de poder desiguales. Dependencia económica de mujeres y menores. Hacinamiento en viviendas de escasos recursos. Migración y desintegración familiar. Ausencia o debilidad de educación sexual integral.
Uno de los aspectos más sensibles es que, según los testimonios recogidos, el agresor suele pertenecer al círculo cercano de la víctima: familiares, padrastros o figuras de autoridad. El abuso ocurre, en muchos casos, dentro del entorno que debería brindar protección.
Las consecuencias psicológicas descritas por los participantes incluyen depresión, ansiedad, aislamiento, baja autoestima y traumas prolongados. El estudio advierte que el impacto no termina con el hecho delictivo, sino que puede extenderse durante años.
Los investigadores concluyen que abordar la violencia sexual en Honduras requiere políticas públicas integrales: prevención, educación con enfoque de género, fortalecimiento institucional y acceso real a la justicia.
Investigación completa:
A continuación, se adjunta el estudio íntegro publicado en Polis (Santiago), elaborado por la
Universidad de Málaga, donde se detallan metodología, entrevistas y análisis psicosocial del
fenómeno en Honduras. CLICK AQUÍ PARA LEER INVESTIGACIÓN: Abusos sexuales en Honduras: Una mirada psicosocial desde la perspectiva de la población hondureña
¿Penas más severas para frenar el delito? La propuesta que divide al Congreso
Mientras el enfoque académico apunta a transformar las raíces sociales del problema, en el plano político el debate gira en torno al castigo.
El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, presentó nuevamente ante el Congreso Nacional de Honduras una iniciativa para reformar el Código Penal, específicamente las disposiciones relacionadas con el delito de violación contempladas en el artículo 241.
Su propuesta plantea elevar las penas actuales —que rondan poco más de una década en ciertos casos— a rangos de entre 30 y 40 años de prisión. Incluso abre la posibilidad de cadena perpetua.
Además, incorpora una medida polémica: la castración química para agresores cuando la víctima sea menor de edad, exista parentesco o relación de autoridad, o se trate de reincidentes comprobados.
Rivera Callejas ha argumentado que el daño causado a niños, niñas y adolescentes es irreversible y que el Estado debe enviar un mensaje contundente. “No podemos seguir permitiendo condenas leves frente a delitos que destruyen vidas”, ha señalado en reiteradas ocasiones.
La iniciativa deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente: análisis en instancias técnicas, emisión de opiniones jurídicas no vinculantes y posterior discusión en el pleno. Su aprobación requerirá mayoría simple de los diputados presentes.
Pero el debate no es únicamente penal.
¿Podría enfrentar cuestionamientos internacionales?
Especialistas en derechos humanos advierten que medidas como la castración química podrían generar controversia ante tribunales internacionales si se consideran contrarias a tratados suscritos por Honduras.
El país es parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos, cuya máxima instancia es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cualquier reforma que vulnere estándares internacionales podría ser objeto de revisión en ese ámbito.
La pregunta que emerge es inevitable: ¿podrá el Congreso aprobar una reforma de este calibre sin que sea posteriormente cuestionada por instancias internacionales?
Juristas señalan que el endurecimiento de penas no es inconstitucional por sí mismo, pero medidas adicionales como la castración química deben analizarse bajo el principio de proporcionalidad, dignidad, dignidad humana y prohibición de tratos crueles o degradantes.
Por otro lado, defensores de la iniciativa sostienen que el Estado tiene la obligación de garantizar la protección efectiva de la niñez y que el debate debe centrarse en las víctimas.
Dos caminos frente a una misma urgencia
El estudio académico subraya la necesidad de transformar estructuras sociales profundas: cultura, educación y desigualdad. La propuesta legislativa apuesta por el aumento del castigo como herramienta de disuasión.
Ambas discusiones coinciden en un punto: la violencia sexual es una crisis que exige respuestas.
La decisión final recaerá en el Congreso Nacional
Si la reforma avanza, Honduras podría enfrentar uno de los debates jurídicos y éticos más intensos de los últimos años.
Mientras tanto, la pregunta sigue abierta: ¿Es suficiente endurecer las penas frente al delito o el país necesita cambiar las raíces del problema?
Desde Madrid, España.
Nota escrita por el periodista Jahir Castro Viagarza, corresponsal de Metro TV en España.
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