El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió sobre las consecuencias que enfrentan unos 55 mil hondureños en Estados Unidos tras la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS), al quedar sin la protección migratoria que durante casi tres décadas les permitió residir y trabajar legalmente en ese país.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, señaló que el escenario es preocupante debido a que los beneficiarios podrían quedar expuestos a detenciones, procesos de deportación y la pérdida de derechos y documentos vinculados a su permanencia legal en Estados Unidos.
Entre las principales consecuencias se encuentra la pérdida del permiso de trabajo y de otras facilidades asociadas al TPS, como la posibilidad de acceder a determinados servicios y documentos estatales. También aumenta el riesgo de enfrentar procedimientos migratorios y una eventual deportación.
Reyes explicó que las autoridades estadounidenses cuentan con información de los beneficiarios debido a los procesos periódicos de renovación del TPS. Esto permitiría identificar a las personas cuyo estatus de protección terminó y, eventualmente, localizarlas para iniciar procedimientos migratorios.
Ante este escenario, el Conadeh recomendó a los hondureños afectados buscar asesoría de abogados especializados en inmigración antes de tomar decisiones sobre su permanencia o retorno. El objetivo es determinar si cada persona puede acogerse a otra alternativa migratoria que le permita permanecer legalmente en Estados Unidos.
Entre las posibilidades que podrían analizarse se encuentran determinados procesos basados en vínculos familiares, como el matrimonio con un ciudadano estadounidense o una petición presentada por un hijo ciudadano mayor de 21 años, aunque la elegibilidad depende de las circunstancias particulares de cada persona.
El Conadeh también aclaró que los aproximadamente 55 mil hondureños corresponden a una estimación de beneficiarios y que la cifra de personas directamente afectadas podría ser menor, debido a que algunos ya habrían iniciado procesos para modificar su situación migratoria por otras vías.
Una de las principales preocupaciones es que muchos de los hondureños beneficiarios llevan más de 20 años viviendo en Estados Unidos, donde han establecido sus hogares, adquirido propiedades, formado familias y desarrollado sus actividades laborales, por lo que un eventual retorno representaría un cambio significativo en sus condiciones de vida.
Ante la posibilidad de un incremento en los retornos, el Conadeh pidió al Gobierno hondureño fortalecer las gestiones diplomáticas con Estados Unidos y preparar mecanismos de atención para los connacionales que eventualmente regresen al país.
Entre las alternativas planteadas figura la creación de políticas que permitan atender las necesidades económicas y sociales de los migrantes retornados, incluyendo opciones relacionadas con pensiones y mecanismos de reinserción para quienes han pasado gran parte de su vida en Estados Unidos.
El organismo recordó que Honduras se encuentra entre los países cuyos ciudadanos han sido afectados por la terminación del TPS. La protección para los hondureños fue otorgada después del huracán Mitch de 1998, que provocó una emergencia humanitaria de gran magnitud en Centroamérica.
Tras casi tres décadas de vigencia, la Administración de Donald Trump determinó que las condiciones que dieron origen al TPS para Honduras ya no justificaban su continuidad. Con la finalización del programa, miles de hondureños deberán ahora determinar si cuentan con otra vía legal para permanecer en Estados Unidos o si tendrán que enfrentar un eventual proceso de retorno.
El Conadeh indicó que su Defensoría de Movilidad Humana continuará brindando orientación a los hondureños y sus familias y dará seguimiento a las consecuencias que genere la cancelación del TPS.
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