Un ciudadano, identificado como Eliazar, se presentó el jueves a los juzgados de la ciudad de Choluteca para interponer una demanda contra el Instituto de Conservación Forestal (ICF) por presuntos daños y perjuicios causados en su propiedad dentro del área protegida «La Botija».
Según Eliazar, el ICF otorgó un plan de manejo forestal a la cooperativa «El Jicarito», que ha realizado tala de árboles en zonas que él afirma le pertenecen.
Eliazar explicó que solicitó al ICF detener la tala hasta aclarar la situación de propiedad, pero su petición fue rechazada debido a que el permiso ya había sido firmado. El denunciante afirmó que los trabajadores de la cooperativa dañaron el cerco y privatizaron una carretera pública para limitar el acceso al área, lo que impidió a medios de comunicación documentar la tala de unos 3 mil árboles en fuentes de agua y quebradas de la zona.
«Es un desastre ambiental en una área declarada patrimonio por la UNESCO, y el ICF debería haber investigado la propiedad antes de aprobar el plan de manejo», comentó Eliazar, quien adquirió la propiedad en 2017.
Por su parte, el presidente de la cooperativa «El Jicarito» defendió la legalidad de las actividades de manejo forestal, afirmando que el terreno pertenece al Estado. Según él, la cooperativa cuenta con un plan de manejo autorizado desde 1996 y sigue prácticas de reforestación para mitigar el impacto de la tala. Además, aseguró que los ingresos generados por la venta de madera se destinan a proyectos comunitarios.
Eliazar acusó al ICF de negligencia por otorgar permisos de tala en un área protegida, especialmente cerca de fuentes de agua, y señaló que pese a la presencia de la Fiscalía y otras autoridades, los trabajos de tala no han cesado.
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