Las autoridades hondureñas han confirmado que más de 30 miembros de estructuras criminales, principalmente de la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18, han sido capturados y extraditados a El Salvador como parte de una serie de operaciones de seguridad implementadas en la zona sur del país desde el año 2022.
Las acciones se ejecutan bajo el marco de decretos ejecutivos PCM aprobados por el gobierno de Honduras, que permiten restringir derechos fundamentales en contextos de violencia. Estas medidas han sido clave para contener el ingreso irregular de grupos criminales procedentes del país vecino.

Los capturados enfrentan cargos por delitos de alto impacto como asesinato, terrorismo, secuestro, trata de personas, tráfico de armas y drogas, desplazamiento forzado y extorsión. La mayoría de los detenidos son adultos de entre 30 y 50 años, todos con órdenes de captura vigentes.
Según las autoridades, los grupos criminales han utilizado puntos ciegos en las fronteras terrestres, como El Amatillo en el municipio de Goascorán, Valle, y vías marítimas en el Golfo de Fonseca para ingresar a territorio hondureño. Estos individuos no solo desplazaban familias, sino que también reclutaban jóvenes para actividades delictivas.

Los municipios de San Lorenzo, Nacaome, Alianza, Caridad y Amapala, en el departamento de Valle, así como Choluteca, Marcovia, Namasigüe y El Triunfo, han sido identificados como zonas con presencia significativa de estas estructuras.
Frente a esta amenaza, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) ha fortalecido los operativos de inteligencia e investigación, en coordinación con el Ministerio Público, el Poder Judicial, el sector transporte, el comercio y el sistema educativo, con el objetivo de prevenir el reclutamiento de jóvenes y reducir la violencia.
Las operaciones continúan activas y las autoridades aseguran que se mantendrán firmes en su lucha contra el crimen organizado en el corredor sur del país.
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