Este martes 4 de noviembre de 2025, el Ministerio Público (MP) de Honduras confirmó la existencia de múltiples líneas de investigación en contra de Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, por varios delitos relacionados con su gestión pública y antes de llegar al mando como edil.
Entre las acusaciones que maneja el MP se encuentran: trata de personas con fines de explotación sexual comercial, fraude, violación de los deberes de los funcionarios, lavado de activos, abuso de autoridad, administración desleal del patrimonio público y coacción.
Las investigaciones también apuntan a un presunto incremento patrimonial injustificado y la posible adquisición irregular de bienes. El Ministerio Público revisa diversas irregularidades administrativas que evidencian manejos fraudulentos en la administración pública bajo la responsabilidad de Contreras.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, aclaró que aunque estas investigaciones están en curso, no existen órdenes de captura contra Contreras, contradiciendo las afirmaciones hechas por el propio alcalde en medios de comunicación donde aseguró que le estaban preparando una orden por narcotráfico y lavado de activos, dos delitos que, según él, no existen en su contra.
Estas investigaciones forman parte de una serie de procesos en curso, reflejando el compromiso del Ministerio Público para esclarecer supuestas actividades ilícitas que involucran a funcionarios públicos, con el fin de procurar justicia y transparencia en la administración pública.
La entidad judicial continuará con las diligencias y evaluaciones necesarias para fortalecer las acusaciones y avanzar en la correspondiente acción legal, atendiendo los protocolos y garantizando el debido proceso.
Este avance en las investigaciones representa un seguimiento detallado de casos de corrupción y otros delitos cometidos en el ejercicio de funciones públicas relacionadas con el alcalde Roberto Contreras.
RESPUESTA DE CONTRERAS
En respuesta a estas acusaciones, Roberto Contreras se ha declarado públicamente como víctima de una persecución política dirigida por Manuel “Mel” Zelaya Rosales, esposo de la presidenta Xiomara Castro, junto a otros funcionarios como Luis Redondo, Rixi Moncada y Johel Zelaya.
Contreras sostiene que esta persecución tiene motivaciones políticas y que las supuestas órdenes de captura e incautación de bienes buscan afectarlo personalmente y afectar los intereses políticos del Partido Liberal, del cual es presidente del Consejo Central Ejecutivo (CCEPL).
De acuerdo con su versión, el MP estaría actuando bajo instrucciones para debilitar su posición política, afectando además a sus negocios como el restaurante Power Chicken, que podría cerrar dejando sin empleo a cientos de personas.
Roberto Contreras denuncia además que estos ataques buscan afectar al precandidato presidencial Salvador Nasralla y advierte que el país se encamina hacia una «dictadura comunista» con planes orquestados por sus adversarios políticos. Él también señaló que el Ministerio Público estaría preparando órdenes de captura basadas en delitos inexistentes, lo que califica como un intento por sacar de la contienda política a figuras como él.
Finalmente, en sus reacciones públicas, Contreras cuestiona la falta de acciones contra funcionarios implicados en casos de corrupción más graves y se presenta como un perseguido político, asegurando que no se ha presentado ningún requerimiento legal formal que justifique las acusaciones contra su persona, al tiempo que reafirma su disposición a enfrentar cualquier investigación, pero denunciando irregularidades y persecuciones políticas en su contra.
Esta situación sigue siendo un tema de intensa polémica política y mediática en Honduras, con un proceso legal aún en desarrollo y las reacciones del alcalde generando amplios debates sobre la justicia y la política en el país.
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