El expresidente Juan Orlando Hernández llegó este lunes 3 de agosto a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentarse a la audiencia de declaración de imputado por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos, en el marco del caso conocido como Pandora II. Hernández, quien fue indultado en Estados Unidos por el presidente Donald Trump y regresó a Honduras el 26 de julio pasado, compareció de manera voluntaria después de que se suspendiera temporalmente la orden de captura en su contra.
La diligencia, programada originalmente para las 9:00 de la mañana, enfrentó un retraso debido a que el juez natural designado se declaró incompetente días antes, al considerar que la causa ya no involucra a un alto funcionario en funciones que justifique la jurisdicción de la CSJ. La defensa interpuso un recurso de reposición, por lo que la audiencia quedó sujeta a la resolución de ese recurso.

Antes de ingresar, Hernández se dirigió a los medios de comunicación y denunció que enfrenta una “persecución política”. Afirmó: “Vengo a enfrentar otra persecución política”. Señaló que comparece voluntariamente ante la justicia y cuestionó el abrupto cambio de criterio del juez que lo había citado. “Ahora me encuentro que el juez natural que me citó para comparecer a la audiencia inicial el 3 de agosto abruptamente cambió de opinión. ¿Qué lo habrá hecho cambiar de opinión? No quisiera creer que sea parte de la misma persecución política”, expresó.

El exmandatario también denunció encontrarse en un “estado de indefensión” debido a los recursos pendientes de resolución y sostuvo que espera que el proceso se desarrolle conforme a derecho. Reiteró su postura de que la verdad no puede esconderse y que, al igual que enfrentó la justicia estadounidense, está dispuesto a enfrentar la hondureña.

El caso Pandora II investiga el presunto desvío de fondos públicos, por montos que superan los 62 millones de lempiras, canalizados a través de fundaciones entre 2010 y 2013, periodo en el que Hernández presidía el Congreso Nacional. Según el Ministerio Público, esos recursos habrían sido utilizados, entre otros fines, para financiar su campaña electoral de 2013. El expediente también involucró al expresidente Porfirio Lobo, quien obtuvo un sobreseimiento definitivo.

Las autoridades judiciales confirmaron que, una vez resuelto el recurso, se determinará la continuidad de la audiencia, en la que el Ministerio Público deberá ratificar el requerimiento fiscal y el juez decidirá sobre las medidas cautelares aplicables.





















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