El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una nueva política que restringirá visas a funcionarios de gobiernos extranjeros y otras personas que faciliten la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. Con esta medida, Washington busca responsabilizar a quienes, desde sus cargos oficiales, contribuyan a la migración irregular.
Detalles de la política
La administración estadounidense se enfocará en funcionarios de inmigración, aduanas, aeropuertos y autoridades portuarias que, con pleno conocimiento, permitan o ayuden a que migrantes ingresen ilegalmente al país. Rubio subrayó que esta acción forma parte de los esfuerzos del gobierno para frenar la inmigración ilegal y sancionar a quienes promuevan estas prácticas.
Contexto y antecedentes
Esta iniciativa se suma a una serie de medidas implementadas recientemente por el Departamento de Estado para combatir la inmigración ilegal y otras prácticas irregulares. La semana pasada, Rubio también anunció restricciones de visa para funcionarios cubanos y sus familiares involucrados en programas de exportación de mano de obra, especialmente en misiones médicas. Según el funcionario, estos programas representan «trabajo forzoso» que beneficia al régimen cubano.
Además, el mes pasado, Estados Unidos sancionó a funcionarios colombianos y sus familias después de que el presidente Gustavo Petro rechazara vuelos de repatriación previamente autorizados. Estas restricciones afectaron a quienes bloquearon dichas operaciones.
Honduras puente de migración
En ese contexto los funcionarios hondureños podrían ser afectados por la restricción de la visa estdounidense, ya que el país es utilizado por extranjeros como parte de su ruta migratoria hacia Estados Unidos.
Un total de 369,258 migrantes irregulares ingresaron a Honduras en 2024 en su viaje hacia Estados Unidos, lo que representó un 32.2 % menos a la cantidad de extranjeros que entraron durante 2023 (545,043 migrantes), según informó en enero pasado el Instituto Nacional de Migración (INM).
Implicaciones y reacciones
Con esta nueva política, Estados Unidos refuerza su postura de responsabilizar a individuos que, desde sus cargos, faciliten la inmigración ilegal. Hasta el momento, los gobiernos de los países afectados no han emitido declaraciones oficiales, pero se espera que esta medida genere un intenso debate sobre la cooperación internacional en materia migratoria y la responsabilidad compartida en el control de flujos migratorios.
En conclusión, la administración de Marco Rubio continúa endureciendo las medidas para frenar la inmigración ilegal. Al centrarse en funcionarios extranjeros que faciliten estas prácticas, busca fortalecer la seguridad fronteriza y preservar la integridad del sistema migratorio estadounidense.
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