El Congreso Nacional de Honduras aprobó este jueves 16 de abril la destitución definitiva del consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y del magistrado propietario y presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, junto a los magistrados suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta. La medida se tomó con 88 votos a favor, superando la mayoría calificada requerida, tras concluir el proceso de juicio político por presuntas irregularidades e infracciones constitucionales en el ejercicio de sus funciones durante el proceso electoral de 2025.
La resolución fue respaldada principalmente por diputados del Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL) y otras bancadas aliadas, luego de un prolongado debate que se extendió por más de 10 horas y que incluyó la lectura del informe final de la Comisión Especial de Juicio Político. De los cuatro funcionarios, solo el magistrado Mario Morazán compareció ante el pleno para presentar su defensa, mientras que Marlon Ochoa no asistió al hemiciclo.
Los destituidos permanecían suspendidos desde el pasado martes, tras la recomendación de la comisión especial que investigó las denuncias. El proceso se inició con la admisión de la denuncia por 91 votos y se fundamentó en acusaciones de sabotaje al proceso electoral, boicot a la declaratoria de resultados y otras irregularidades que, según los denunciantes, pusieron en riesgo la democracia hondureña.
Durante la sesión, se presentaron testimonios y elementos de prueba, incluyendo videos y declaraciones de testigos que señalaron supuestas acciones para obstaculizar el normal desarrollo de las elecciones. El informe de la comisión recomendó el cese inmediato de los cuatro funcionarios por considerar que incurrieron en faltas graves.
Reacciones de los destituidos
Marlon Ochoa, quien según reportes salió del país antes de la comparecencia por motivos de seguridad, reaccionó a través de sus redes sociales calificando el proceso como una “persecución y venganza política”. “No les bastó consumar el fraude; ahora eliminan al testigo. Hoy han negociado y pagado mi condena”, escribió. Afirmó que seguirá luchando “desde donde esté” y que “la lucha no termina”.
Por su parte, Mario Morazán, quien sí compareció, cuestionó la legitimidad del juicio político y denunció irregularidades en el proceso. El magistrado defendió su actuación y apuntó a posibles motivaciones políticas detrás de la destitución.
Desde el partido Libertad y Refundación (LIBRE), se calificó la decisión como una “persecución política” contra funcionarios afines al anterior gobierno y denunciaron que se trata de una medida para controlar los organismos electorales tras el cambio de administración.
Contexto del juicio político
El proceso se desarrolló en medio de un ambiente de alta tensión política. La Comisión Especial recibió denuncias por presuntas infracciones constitucionales cometidas durante las elecciones generales de 2025. Testigos acusaron a Ochoa y Morazán de acciones que habrían boicoteado la declaratoria de resultados y puesto en riesgo la transparencia del proceso.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina, dirigió la sesión y otorgó plazos para la comparecencia de los involucrados. Tras agotar el debate y la presentación del informe, se procedió a las votaciones separadas que culminaron con la destitución inmediata.
Con esta decisión, los cargos quedarán vacantes y deberán ser sustituidos conforme a los procedimientos legales establecidos. La destitución de estos altos funcionarios electorales marca un hecho relevante en el actual periodo legislativo y genera opiniones divididas sobre su impacto en la institucionalidad democrática del país.
Hasta el momento, ni el CNE ni el TJE han emitido comunicados oficiales sobre la continuidad de sus operaciones tras la salida de estos magistrados y consejeros.
La decisión del Congreso Nacional cierra un capítulo controversial del juicio político, pero abre un nuevo debate sobre la independencia de los organismos electorales y el equilibrio de poderes en Honduras.
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