El Poder Judicial de Honduras ejecutó un embargo por más de 63 millones de lempiras contra la Municipalidad de El Corpus, en el departamento de Choluteca, dejando prácticamente sin fondos a la administración local.
Esta medida, originada en demandas laborales acumuladas de administraciones anteriores, representa un golpe severo a la operatividad de la alcaldía, equivalente a aproximadamente tres años de presupuesto operativo.
La noticia resalta problemas crónicos de mala gestión financiera y posibles irregularidades en los reclamos judiciales. El embargo, valorado exactamente en L63,178,454.59 según documentos citados, responde a demandas por incumplimientos laborales, incluyendo pagos pendientes por servicios prestados en áreas como recolección de basura, alumbrado público y otros compromisos económicos heredados principalmente de gobiernos del Partido Nacional, que dominaron la alcaldía por más de 60 años hasta la reciente elección.
La actual alcaldesa, Katherine Guillén, del Partido Liberal y primera mujer en asumir el cargo en la historia del municipio, asumió el puesto el 25 de enero de 2026, rompiendo una larga tradición nacionalista. Sin embargo, apenas semanas después, se enfrenta a esta crisis que podría afectar gravemente el desarrollo municipal, incluyendo proyectos de infraestructura, servicios básicos y pagos salariales a empleados actuales.
En El Corpus, un municipio rural con economía basada en agricultura y minería, el embargo bloquea el acceso a fondos transferidos por el Estado, lo que podría paralizar operaciones diarias mostrando documentos judiciales y el impacto inmediato en la comuna, donde la retención total de recursos dejaría a la alcaldía en una situación de «quiebra operativa» por al menos tres años.
Respuesta de la alcaldesa
La alcaldesa Guillén ha denunciado públicamente irregularidades en las demandas que sustentan el embargo, cuestionando la legitimidad de varios reclamos y sugiriendo posibles fraudes. En una entrevista la mañana de este martes manifestó que muchas de estas demandas involucran a exempleados que supuestamente laboraron en periodos anteriores, pero con anomalías evidentes que generan dudas sobre su validez.
Guillén ha enfatizado que estas deudas no corresponden a su gestión, sino a herencias de administraciones pasadas, y ha llamado a una revisión exhaustiva para evitar que el municipio sufra injustamente.
«Son demandas millonarias las que están afectando a la alcaldía de El Corpus», expresó Guillén en declaraciones, interpretadas como un llamado de alerta sobre el volumen abrumador de los reclamos, que superan con creces el presupuesto anual del municipio.
Esta afirmación subraya cómo las demandas, acumuladas por años de presunta negligencia, ahora amenazan la estabilidad financiera de una comuna que apenas inicia una nueva era bajo su liderazgo. La alcaldesa ha insistido en que «las demandas son de exempleados que laboraron en administraciones anteriores», posicionando el problema como un legado tóxico del Partido Nacional, y abogando por transparencia para que los recursos se destinen a necesidades reales de la población, como mejoras en vías de acceso y servicios educativos.
Uno de los aspectos más controvertidos revelados por Guillén es la presencia de casos sospechosos en las demandas. «Hay casos donde padres representan a hijos menores de 21 años, alegando que laboraron desde 2014 cuando tenían 8 o 9 años», denunció.
Esta revelación evidencia posibles manipulaciones o fraudes en los procesos judiciales, y genera serias interrogantes sobre cómo se validaron tales reclamos. Expertos en derecho laboral consultados en coberturas locales sugieren que esto podría indicar un patrón de corrupción en contrataciones pasadas, donde se inflaban listas de empleados para justificar pagos indebidos.
Guillén ha utilizado estas anomalías para argumentar que el embargo total no refleja deudas legítimas, sino irregularidades que deben investigarse, protegiendo así el futuro del municipio y evitando que los corpeños paguen el precio de errores ajenos.
En medio de esta crisis, Guillén ha apelado a la unidad comunitaria y al apoyo del gobierno central para mitigar el impacto. asimismo, los internautas destacan que la medida judicial responde a «compromisos económicos de la administración del exalcalde nacionalista», reforzando la narrativa de herencia problemática.
Mientras tanto, la alcaldesa continúa defendiendo su visión de «compromiso y vocación de servicio», como lo expresó al asumir el cargo, enfocándose en superar estos retos para impulsar el desarrollo de El Corpus. Autoridades judiciales no han respondido aún a las denuncias de irregularidades, pero el caso podría escalar a instancias superiores si se comprueban fraudes.
Se espera que en los próximos días se realicen audiencias para revisar las demandas, potencialmente aliviando la presión sobre la alcaldía.
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