El conflicto en torno a la Terminal del Pacífico, conocida como «La Granterpa», ha alcanzado un nuevo capítulo con la llegada este viernes de representantes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el Ministerio Público (MP) a las instalaciones de la alcaldía de Choluteca.
Las autoridades solicitaron documentación clave sobre la controvertida concesión otorgada para la construcción y operación de esta terminal, mientras la toma de la alcaldía por parte de manifestantes cumple más de cinco meses desde su inicio en agosto de 2024.
La intervención de la ATIC y el MP responde a denuncias presentadas por los locatarios del Mercado El Rápido y transportistas, quienes han acusado al alcalde Quintín Soriano de presuntas irregularidades administrativas y posible corrupción en el proceso de adjudicación de la concesión.
En resumen, los mercaderes y manifestantes expresaron su frustración y descontento con la administración del alcalde Quintín Soriano en Choluteca. Denunciaron falta de transparencia en los procesos de concesión de la Terminal del Pacífico, acusando al alcalde y a los regidores de actuar sin consultar al pueblo y de cometer abusos de autoridad, prevaricato y cohecho.
Los manifestantes llevan meses en protesta, sosteniendo que han incurrido en gastos significativos para mantener la movilización, pero insisten en que su lucha es independiente y no busca beneficios políticos. Afirman que han recibido apoyo de la comunidad, incluyendo donaciones de alimentos y recursos, lo que demuestra el respaldo popular a su causa.
Un abogado representante de la alcaldía llegó para actuar como veedor en la solicitud de documentos relacionados con la concesión, pero no se le permitió entre medio de este escenario los manifestantes cuestionaron su legitimidad y señalaron que las autoridades no han respondido adecuadamente a sus demandas, lo que ha prolongado el conflicto.
En general, los mercaderes exigen justicia, transparencia y el fin de la corrupción en la alcaldía, insistiendo en que su lucha es por el bien de todos los «cholutecanos» y no por intereses personales o políticos.
Según los mercaderes, la decisión fue tomada sin consulta pública y pone en riesgo los medios de vida de cientos de pequeños comerciantes y trabajadores informales que dependen del flujo de personas en el centro de Choluteca.
Durante la inspección, las autoridades recolectaron documentos fundamentales, estudios técnicos previos y actas de decisiones internas, esta acción marca un hito en el conflicto, ya que es la primera vez que una investigación formal se lleva a cabo en respuesta a las demandas de los manifestantes, quienes han mantenido una resistencia inquebrantable durante meses.
La toma de la alcaldía comenzó en agosto de 2024, cuando los mercaderes y transportistas decidieron ocupar las instalaciones en protesta por la falta de diálogo y transparencia por parte de la alcaldía.
Desde entonces, la alcaldía se ha convertido en un símbolo de la lucha contra lo que los manifestantes consideran un abuso de poder y una imposición de intereses privados sobre las necesidades de la comunidad.
A lo largo de estos cinco meses, los manifestantes han organizado bloqueos de carreteras, movilizaciones masivas y tomas de calles estratégicas, paralizando actividades económicas y generando tensiones sociales.
A pesar de los intentos de diálogo y algunos acuerdos logrados entre transportistas y autoridades, el conflicto no ha encontrado una solución definitiva, dejando a la población local en medio de una crisis económica y social creciente.
Deja una respuesta