El exalcalde de Choluteca, Quintín Soriano, se refirió al informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que identificó irregularidades en 13 expedientes utilizados para ejecutar embargos judiciales relacionados con supuestas demandas laborales contra la Municipalidad y que dejaron un perjuicio económico al Estado de 32 millones 545 mil 791 lempiras con 88 centavos. Soriano aseguró que durante su administración municipal no se realizaron pagos derivados de esos embargos y sostuvo que las autoridades deben investigar el origen de los documentos cuestionados.
El informe del TSC corresponde a una investigación realizada sobre la ejecución de embargos contra fondos de la cuenta única del Estado durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025. La revisión estableció que 13 exhortos presentaban irregularidades, entre ellas la falta de respaldo documental, expedientes inexistentes o alterados y firmas y sellos que fueron desconocidos por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca.
De acuerdo con el Tribunal, los exhortos fueron utilizados para ordenar embargos sobre fondos estatales que posteriormente fueron trasladados a una cuenta judicial del Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán. Desde esa cuenta se emitieron cheques de caja a favor del abogado que figuraba como representante legal de las supuestas partes demandantes.
Soriano, quien estuvo al frente de la Alcaldía de Choluteca durante el período en que ocurrieron los hechos investigados, afirmó que los embargos laborales que afectaron las transferencias municipales se originaron en demandas presentadas por empleados debido a atrasos en el pago de salarios y otros beneficios laborales.
El exalcalde explicó que durante su administración la Municipalidad enfrentó períodos prolongados sin recibir regularmente las transferencias del Gobierno nacional anterior, situación que, según dijo, provocó atrasos en los pagos a trabajadores y derivó en demandas laborales. Sin embargo, sostuvo que los fondos de la Municipalidad estaban protegidos mediante un fideicomiso y que la Alcaldía no efectuaba directamente los pagos derivados de esos embargos.
“Nosotros no pagamos nada porque ahí no se podía embargar”, afirmó Soriano al ser consultado sobre si durante su administración se habían realizado pagos relacionados con los embargos investigados.
El exalcalde también aseguró que desconocía la existencia de documentos, sellos y firmas falsificados que aparecen en el informe del TSC y manifestó que, de comprobarse su falsificación, él también sería una de las personas afectadas. Según explicó, no tuvo conocimiento previo de que se estuvieran utilizando documentos con su firma o sellos atribuidos a la administración municipal.
El informe del TSC, sin embargo, centra los hallazgos en los exhortos judiciales utilizados para ejecutar los embargos y no establece por sí mismo una responsabilidad penal del exalcalde. El documento identifica indicios de posible responsabilidad penal y fue remitido al Ministerio Público para que determine las responsabilidades individuales que correspondan.
Soriano manifestó que está dispuesto a colaborar con las investigaciones y pidió que sean los órganos de control y el Ministerio Público los que determinen quiénes participaron en la elaboración, presentación, tramitación y ejecución de los documentos cuestionados. También rechazó atribuir responsabilidades sin que exista una investigación que establezca la participación de cada persona.
Respecto a los abogados que promovían las demandas laborales, el exalcalde indicó que durante su administración los trabajadores podían recurrir a distintos bufetes para presentar acciones judiciales por incumplimientos laborales. No obstante, aseguró no tener conocimiento específico de los profesionales que estarían relacionados con los 13 expedientes señalados por el TSC.
Soriano también respondió a las declaraciones del actual alcalde, Eber Aplicano, quien afirmó que la administración municipal ha encontrado otras irregularidades que, según sus estimaciones, podrían superar los 100 millones de lempiras, incluyendo aproximadamente 19 millones de lempiras en bienes municipales que no han podido ser localizados.
El exalcalde negó tener conocimiento de la desaparición de vehículos, maquinaria u otros bienes municipales y sostuvo que durante la entrega de la administración se dejó la documentación correspondiente. Afirmó que, si existen bienes que no pueden ser ubicados, corresponde a los organismos de control determinar qué ocurrió con ellos y quién tendría responsabilidad.
Sobre los señalamientos realizados por la actual administración, Soriano pidió que las posibles irregularidades sean presentadas ante los órganos competentes y no únicamente expuestas públicamente. También cuestionó que se le atribuyan responsabilidades antes de que concluya una investigación formal.
El exalcalde aseguró que no mantiene comunicación con Aplicano y descartó sentarse directamente con el actual alcalde para revisar los documentos y contratos de la Municipalidad, argumentando que ya existen instituciones estatales encargadas de realizar esas verificaciones.
Soriano sostuvo que está a disposición de las autoridades para proporcionar información y documentación relacionada con su gestión y reiteró que respalda una investigación que permita esclarecer el origen de los exhortos falsificados, la utilización de sellos y firmas cuestionadas y el destino de los fondos embargados.
Mientras tanto, el informe del Tribunal Superior de Cuentas mantiene bajo investigación los 13 expedientes mediante los cuales se ejecutaron los embargos y establece un perjuicio económico de más de 32.5 millones de lempiras. El Ministerio Público deberá determinar ahora si existen responsabilidades penales y establecer quiénes participaron en las distintas etapas del procedimiento que permitió la salida de los fondos estatales.
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