El Ministerio Público ejecutó este martes órdenes de captura contra varios funcionarios y exfuncionarios de la alcaldía de San Pedro Sula, señalados en un caso de fraude y lavado de activos que habría generado un perjuicio económico superior a 45.5 millones de lempiras.
La acción judicial fue presentada por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), que acusa a los involucrados de participar en la adjudicación irregular de 33 contratos a la empresa constructora HERCOD, entre julio de 2023 y abril de 2024.
Entre los señalados figuran Osman Chávez, gerente de infraestructura; Denis Jamal Paz Martínez; Alejandra Eunice Amaya Barnica; Xavier Lacayo Delgadillo; Walter Cartagena Villagra y Luis Enrique Saa, director de proyectos. A ellos se les atribuyen delitos de fraude, tráfico de influencias, violación a los deberes de los funcionarios y lavado de activos.
Las acusaciones también alcanzan a Luis Hernández Portillo y a su esposa Olga Estela Ávila, representante legal de HERCOD, junto a otros colaboradores como José Antonio Juárez Pereira, Henry Geovanny Guzmán Girón, Andrés Fabián Perdomo Delgadillo y Malcos Jonathan Morales Corea. Dentro de este grupo también se incluye a Steve Fajardo Vargas, yerno del alcalde Roberto Contreras, y a Josué David Fajardo Hernández.
De acuerdo con las investigaciones, los contratos fueron fraccionados para evadir los procesos de licitación pública, con 26 adjudicaciones por contratación directa y siete por licitación privada. Además, se comprobó que HERCOD incumplía requisitos esenciales, como la presentación de garantías de anticipo y el personal técnico para ejecutar las obras.
El Ministerio Público señaló que los fondos transferidos a HERCOD terminaron en cuentas vinculadas a Hernández Portillo y su familia. Posteriormente, se habrían movido más de 5.9 millones de lempiras hacia Josué David Fajardo, quien entregaba dinero en efectivo a Steve Fajardo para ocultar el origen ilícito de los recursos.
La investigación detalla que algunos proyectos carecían de metas claras, otros no se ejecutaron y en varios no hubo evidencia de ingreso de maquinaria, afectando obras en el complejo deportivo y en carreteras de El Merendón.
El expediente concluye que se trató de un esquema de corrupción y lavado de activos que permitió a los implicados beneficiarse indebidamente de los contratos municipales, razón por la cual se giraron las órdenes de captura que hoy se ejecutan.
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