Costa Rica se prepara para una jornada inédita en su vida democrática. Este lunes 22 de septiembre, la Asamblea Legislativa decidirá si levanta la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, acusado por la Fiscalía General del delito de presunta concusión en el manejo de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Será la primera vez, en 75 años de vigencia de la Constitución Política de 1949, que un mandatario en ejercicio enfrenta un proceso de este tipo.
El ambiente político costarricense llega crispado a la cita. La Fiscalía sostiene que Chaves habría exigido a un contratista, el productor audiovisual Christian Bulgarelli, entregar 32.000 dólares al exasesor presidencial Federico “Choreco” Cruz.
Un escenario cargado de tensión
El pago sería como condición derivada de un contrato por 405.000 dólares financiado con fondos del BCIE para una campaña de imagen del Ejecutivo. La versión de Bulgarelli, respaldada por audios y su declaración judicial, encendió el debate nacional.
El presidente niega los cargos, denuncia un “montaje” y asegura que la acusación busca debilitar su mandato, que inició en 2022 con un fuerte discurso anticorrupción.
Chaves ha reiterado que se trata de un ataque político y que no existen pruebas en su contra, pese a testigos y evidencias.
El voto decisivo
Para retirar el fuero presidencial, la Asamblea debe reunir al menos 38 votos de los 57 diputados. Al cierre de la semana, los cálculos parlamentarios señalaban 33 votos seguros, pero la ausencia anunciada de varios legisladores y las reservas de otros mantienen la incertidumbre.
La votación es secreta, lo que abre espacio a sorpresas en la sesión de este lunes.
De aprobarse la medida, la causa pasará a manos de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, especializada en materia penal, donde Chaves enfrentaría un proceso judicial.
Si se rechaza, el presidente quedaría blindado hasta el final de su mandato en mayo de 2026.
Expectativa internacional y antecedentes
El caso ha despertado atención en la región porque Costa Rica ha sido considerada tradicionalmente un país de estabilidad democrática en Centroamérica.
Nunca antes un jefe de Estado en funciones había sido sometido a un proceso para levantarle la inmunidad. La decisión podría marcar un precedente institucional y poner a prueba la solidez del sistema político costarricense.
La controversia también se conecta con un contexto más amplio: el desgaste en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, los cuestionamientos a la independencia de poderes y la creciente polarización política.
Denuncias y presión pública
La tensión se agravó después de que Bulgarelli denunciara nuevas presiones para retractarse. Según su testimonio, recibió un audio con la voz del presidente, en el que se le pedía reconsiderar su declaración a cambio de una supuesta “paz política”.
Además, aseguró que esas gestiones se transmitieron a través de Erwen Masís, exdiputado y representante del país ante el BCIE. Masís, hasta ahora, no ha emitido comentarios públicos.
La diputada Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), leyó fragmentos de la declaración de Bulgarelli ante la Fiscalía, lo que consolidó la narrativa acusatoria y elevó la presión sobre los legisladores indecisos.
Una jornada decisiva
La expectativa para este lunes es máxima. Costa Rica, que históricamente ha defendido el respeto a la legalidad y la separación de poderes, enfrenta un dilema que podría redefinir su tradición democrática.
La Asamblea se juega no solo la decisión sobre el futuro judicial del presidente, sino también la credibilidad de sus instituciones ante la ciudadanía y la comunidad internacional.
El país entra a la sesión con la incógnita de si se alcanzarán los 38 votos necesarios. El desenlace podría abrir un proceso judicial sin precedentes o, en caso contrario, consolidar el blindaje del mandatario frente a las acusaciones.
En ambos escenarios, la democracia costarricense se enfrenta a una prueba histórica.
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