El presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra Discua, anunció que el gobierno de Honduras, por instrucción directa de la presidenta Xiomara Castro, enviará de urgencia al Congreso Nacional un proyecto de ley para brindar apoyo económico a las miles de personas afectadas por la estafa de la empresa Koriun Inversiones. La medida contempla el uso de recursos provenientes del Presupuesto Nacional, lo que ha generado un intenso debate en el país.
Objetivo y alcance del proyecto de ley
La iniciativa legislativa busca establecer un marco legal y ordenado que permita canalizar fondos públicos hacia los afectados, después de confirmarse que Koriun Inversiones operaba de forma ilegal y fuera de la regulación de la CNBS. Sierra Discua explicó que se están definiendo criterios técnicos y jurídicos para asegurar que los pagos se realicen de manera transparente, focalizada y bajo una ley formal que determine el alcance del apoyo y las responsabilidades correspondientes.
«Como gobierno sensible a los reclamos e injusticias, por orden de la presidenta de la República se prepara en este momento un proyecto de ley que será enviado de urgencia al Congreso Nacional para apoyar a los afectados por la empresa Koriun, usando fondos del Presupuesto Nacional», declaró Sierra Discua.
Contexto: la estafa de Koriun Inversiones
Koriun Inversiones, que operó durante aproximadamente seis años, captó recursos de miles de hondureños sin autorización ni supervisión de la CNBS. El Ministerio Público ha calificado el caso como una estafa estructurada de tipo Ponzi y ha confirmado que la empresa no contaba con registros contables que garanticen la devolución ordenada y completa de los fondos captados. Actualmente, los principales responsables, incluido el gerente Iván Velásquez, permanecen detenidos bajo cargos de lavado de activos, mientras se investiga la existencia de una red criminal más amplia detrás del esquema financiero.
El escándalo ha generado una fuerte presión social, con protestas y bloqueos en varias regiones del país, especialmente en departamentos como Choluteca, Copán, Olancho y Santa Bárbara, donde se concentra la mayoría de los afectados.
Controversia y reacciones
El anuncio del proyecto de ley ha provocado controversia y rechazo en sectores empresariales, políticos y sociales, quienes cuestionan el uso de fondos públicos para indemnizar a personas que invirtieron en una entidad no regulada. Argumentan que los responsables de la estafa deben responder ante la justicia y los afectados, y advierten sobre el precedente que podría sentar esta medida para futuras crisis financieras similares.
El economista Roberto Lagos, entre otros expertos, ha planteado dudas sobre la legalidad y viabilidad de utilizar recursos del presupuesto nacional para este fin, señalando la necesidad de un debate profundo sobre la responsabilidad del Estado frente a inversiones privadas en entidades no supervisadas.
Próximos pasos
El proyecto será enviado bajo la figura de “urgencia nacional”, lo que permitirá acelerar su trámite legislativo. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el monto estimado a destinar ni sobre los mecanismos específicos de compensación. La CNBS asegura que trabaja para que el proceso sea transparente y que los criterios de apoyo sean claros y justos.
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