(EFE).- El Gobierno de Honduras lamentó este lunes la decisión de una corte de Estados Unidos de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) que ampara a miles de hondureños, aunque advirtió que el proceso legal no es definitivo y podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia estadounidense.
«Tomamos nota, y lamentamos, que la administración estadounidense mantiene firme su decisión de cancelar el Estatus de Protección Temporal», subrayó la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (Cancillería) en un comunicado.
Señaló que el reciente fallo de una Corte de Apelaciones de EE.UU. a favor de la cancelación del TPS representa «una instancia procesal más que ha sido agotada», pero aclaró que no constituye una «sentencia definitiva» en un «litigio complejo que, anticipamos, podría elevarse hasta la Corte Suprema».
El Gobierno hondureño defendió la integridad de sus ciudadanos acogidos a este programa, conocidos popularmente como «tepesianos».
«Lejos de ser una amenaza, los tepesianos han vivido bajo estricta auditoría federal cumpliendo cada requisito de ley. Su permanencia en el sistema es la prueba irrefutable de conducta legal intachable», enfatiza el comunicado.
La reacción de Honduras ocurre después de que la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, calificara el fallo judicial como una «victoria» para el Estado de derecho y una «reivindicación de la Constitución» de Estados Unidos.
Noem afirmó en la red social X que, bajo administraciones anteriores, se «abusó» del TPS para permitir la entrada de «terroristas violentos, criminales y amenazas a la seguridad nacional».
Destacó, además, que el TPS «nunca fue diseñado para ser permanente», que administraciones anterior lo utilizaron como «un programa de amnistía de facto durante décadas» y que su terminación es una medida «sabia» ante la mejora de las condiciones en los países beneficiarios.
El conflicto legal se remonta al 31 de diciembre de 2025, cuando la jueza federal Trina Thompson, de California, declaró ilegal la anulación del TPS por parte del Gobierno de Donald Trump para más de 60.000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.
La jueza, que restauró el TPS para las nacionalidades afectadas, rechazó una solicitud del Gobierno para desestimar la causa y explicó que Noem no siguió la práctica habitual del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al reducir el periodo de transición tras la terminación del programa a 60 días.
En la resolución, Thompson determinó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no cumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y que la orden de terminación para Honduras y Nicaragua, prevista para el 7 de julio de 2025, carecía de validez legal.
Los beneficiarios del programa habían demandado al DHS alegando que el fin del amparo migratorio respondía a motivos de «animosidad racial».
El TPS es un beneficio que EE.UU. concede de forma temporal a ciudadanos de países afectados por conflictos armados o desastres naturales que les impiden regresar de manera segura.
Actualmente, miles de hondureños dependen de este estatus para trabajar legalmente y evitar la deportación. EFE
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