En un nuevo mensaje difundido en redes sociales, el Consejo Nacional Anticorrupción a través de su directora ejecutiva, Gabriela Castellanos recordó las audiencias en la Corte de Nueva York que pusieron de manifiesto el vínculo estrecho entre la política hondureña y el narcotráfico como algo unido por un interés oscuro.
«Cuando el tratado de extradición amenazaba con alcanzar a uno de sus allegados, el gobierno le dio la estocada final», subrayó en referencia a la cancelación del tratado de extradición por parte del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Según la directora, la extradición fue la única vía para hacer justicia contra quienes permitieron esta infiltración. «Gracias a este mecanismo se logró alcanzar a quienes financiaron campañas políticas con dinero manchado de sangre, compraron posiciones y asesinaron a hondureños que denunciaron la infiltración del narcotráfico en las fuerzas de seguridad, municipalidades, el Congreso Nacional y hasta en Casa Presidencial, declaró.
Castellanos destacó que los testimonios de los líderes de grupos criminales apenas logran describir la magnitud del terror vivido en el país, cuando el narcotráfico operaba con total impunidad y con la complicidad de quienes detentaban el poder, sin importar su afiliación política.
Por lo tanto la directora del CNA lamentó la debilidad del sistema de justicia hondureño, que jamás persiguió a esos individuos, ni siquiera por infracciones menores como las de tránsito. Además, cuestionó si la relación entre políticos y narcotraficantes realmente ha llegado a su fin, diciendo que solo hay que observar las papeletas electorales, donde siguen apareciendo los mismos rostros, donde hay muchos con serios cuestionamientos
«El narcotráfico sigue fuerte en el país porque antes como ahora influyen en las decisiones que desde el poder se toman para protegerse» manifestó.
Castellanos advirtió nuevamente que, al amenazar el tratado de extradición con alcanzar a uno de sus allegados, el gobierno reaccionó de forma contundente. Dicho tratado dejará de estar vigente el 28 de febrero del presente año, lo que, en su opinión, convertirá a Honduras en un paraíso para el narcotráfico, el crimen organizado y la impunidad.
El verdadero escándalo, según concluyó la directora, no será la extradición de un nuevo político, sino el hecho de que el país se esté transformando en un refugio para el crimen organizado.
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