Los empleados públicos de Honduras demandan un incremento salarial de 5,000 lempiras mensuales a partir del 22 de enero de 2025. Hasta el momento, no han recibido respuesta del Gobierno a su solicitud, presentada a inicios de este año.
Este jueves, Josué Orellana, vicepresidente de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), reiteró la exigencia e informó que recientemente se realizó una reunión de las centrales obreras, con la participación de representantes de 35 organizaciones del sector público.
En el encuentro, se discutió la falta de voluntad política del Gobierno para convocar una mesa de negociación y responder a la petición salarial. Según Orellana, las autoridades argumentaron que esperaban la aprobación del Presupuesto General de la República para avanzar en las conversaciones. Sin embargo, el presupuesto fue aprobado hace varios días sin que se haya concretado ningún acercamiento oficial.
«Hasta ahora no nos hemos sentado, no nos han llamado a instalar la mesa de negociación. Se nos dijo que solo estaban a la espera de la aprobación del presupuesto, eso sucedió hace varios días y no ha pasado absolutamente nada», denunció Orellana.
Ante la falta de avances, los sindicatos emitieron un pronunciamiento en el que otorgan al Gobierno un plazo de 10 días calendario para responder a sus demandas. De no obtener una solución favorable, anunciaron una conferencia de prensa el lunes 3 de marzo a las 7:00 de la mañana, donde revelarán las medidas de presión que emprenderán.
Orellana no especificó las acciones que podrían tomar, pero adelantó que serán medidas de presión para instar al Gobierno a cumplir con sus demandas. «Las vamos a anunciar hasta en esa conferencia de prensa, pero el llamado es oportuno al Gobierno para que nos podamos sentar antes de que se venza este plazo y poderle dar certeza a los trabajadores», explicó.
Los empleados públicos argumentan que el ajuste salarial es necesario para enfrentar el alto costo de vida, el encarecimiento de los servicios públicos y privados, la canasta básica, la educación, la salud y el transporte. Además, destacan que los salarios actuales no cubren las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.
La petición beneficia a más de 80 mil empleados del sector público, representados por 35 sindicatos afiliados a las tres principales centrales obreras del país. «Es importante decir que en esta negociación son nuestras centrales obreras las que llevan la batuta, y nosotros estamos confiando también en nuestro secretario general, que con su liderazgo vamos a poder lograr un acuerdo con el Gobierno», expresó Orellana.
Los trabajadores esperan que el Gobierno atienda su solicitud antes de que finalice el plazo establecido, evitando así posibles movilizaciones o paros laborales. Mientras tanto, las organizaciones sindicales permanecen en estado de alerta, a la espera de una respuesta concreta de las autoridades.
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