Blanca Guevara, líder de la Red de Mujeres en el sur del país, afirmó que existe un retraso del 95% en los casos de feminicidios. Según explicó, las autoridades encargadas no cumplen con agilizar las investigaciones relacionadas con violencia contra las mujeres.
En cuanto a los delitos sexuales, señaló que los procesos investigativos presentan debilidades significativas. «No cuentan con herramientas científicas adecuadas para atender la cantidad de delitos que se cometen», indicó.
Además, destacó que tres principios básicos no se cumplen: gratuidad, celeridad y secretividad. «Al violentar esos principios, las mujeres quedan en mayor riesgo, ya que sus agresores pueden actuar con más violencia al enterarse de las denuncias», agregó.
Otro problema identificado es que muchas mujeres no continúan con los procesos judiciales por temor o falta de recursos económicos. En algunos casos, los juzgados exigen contar con un abogado, especialmente cuando el agresor no acepta los cargos y el caso avanza a pruebas. Esto contradice el principio de gratuidad, obligando a las víctimas a buscar representación legal.
Guevara también criticó que algunas abogadas defiendan a agresores, particularmente para evitar el pago de pensiones alimenticias. Ante esta situación, desde el mes pasado comenzaron a revisar la Ley contra la Violencia Doméstica. En Tegucigalpa, se instaló una mesa de trabajo con la magistrada Rubenia Galeano, quien busca garantizar un acceso real a la justicia para las mujeres.
Finalmente, Guevara aseguró que avanzar en estos temas depende de que todas las instancias responsables asuman su compromiso con los derechos humanos de las mujeres.
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