El Procurador General de la República, Dagoberto Aspra, lanzó una alerta contundente sobre irregularidades en juzgados laborales de Choluteca y Olancho, donde se estarían promoviendo embargos «fuera de control» contra el Estado de Honduras, principalmente derivados de demandas laborales.
Según las declaraciones del funcionario, estos juzgados han sido identificados como de «alto riesgo» debido a la concentración de procesos que generan millonarias contingencias fiscales para el erario público. Aspra explicó que en estas jurisdicciones se presentan demandas laborales que, tras obtener sentencias favorables a los demandantes, derivan en ejecuciones de embargos que afectan directamente las finanzas estatales.
«Hemos identificado dos juzgados con alto riesgo, los de Choluteca y los de Olancho, donde se están gestando demandas laborales que están fuera de control», afirmó el procurador en recientes declaraciones a medios de comunicación. Agregó que muchas de estas demandas presentan fallas de origen, como incumplimientos en los procesos administrativos para despidos, lo que eleva la expectativa de pérdida para el Estado y facilita los embargos.
El procurador destacó que estos embargos representan valores enormes que impactan severamente el tesoro nacional, afectando áreas prioritarias como salud, educación e infraestructura. En contexto, autoridades de la Secretaría de Finanzas (Sefin), el Banco Central de Honduras (BCH), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Procuraduría General de la República (PGR) sostuvieron reuniones para analizar la situación y coordinar acciones que mitiguen el impacto.
Aspra señaló que la Sala de lo Laboral de la CSJ está consciente del problema y tomará los correctivos necesarios en estas jurisdicciones. Además, enfatizó la urgencia de reforzar la defensa del Estado en estos casos para evitar mayores pérdidas millonarias.
Esta alerta se da en medio de un panorama donde, en los últimos días, se han reportado embargos por montos superiores a los L3,000 millones en total, lo que pone en jaque la estabilidad financiera del gobierno.
La Procuraduría General de la República, bajo la dirección de Aspra (quien asumió el cargo en febrero de 2026), reiteró su compromiso con la protección del patrimonio público y llamó a una mayor vigilancia en los procesos laborales contra el Estado.
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