En declaraciones emitidas en un video difundido en las últimas horas, la alcaldesa de El Corpus, Katherine Guillén, reveló que se han sumado nuevas demandas laborales contra la municipalidad, superando un monto total de más de 97 millones de lempiras.
Además, informó que lograron obtener una suspensión temporal del embargo impuesto sobre las cuentas municipales, lo que representa un alivio momentáneo para las finanzas locales mientras se resuelve el proceso legal.
Guillén, quien asumió el cargo recientemente, explicó que el embargo inicial, ejecutado por el Poder Judicial a inicios de febrero por un valor superior a los 63 millones de lempiras, se originó en demandas laborales heredadas de la administración anterior del Partido Nacional.
Estas reclamaciones incluyen indemnizaciones por despidos injustificados, salarios atrasados, reajustes al salario mínimo, decimocuarto mes, aguinaldos y otros beneficios pendientes de exempleados.
La alcaldesa ha calificado esta situación como una «catástrofe» para el municipio, ya que el embargo original amenazaba con paralizar las operaciones municipales por al menos tres años, destinando todos los ingresos por impuestos y transferencias estatales al pago de deudas.
En su video más reciente, Guillén detalló que una nueva demanda por 27 millones de lempiras ha sido presentada contra la alcaldía, elevando el total de las obligaciones laborales a una cifra que supera los 93 millones de lempiras.
Esta acción legal adicional, según la edil, agrava la crisis financiera y pone en riesgo proyectos de desarrollo local, como obras de infraestructura y servicios básicos para la población de El Corpus. «Es dinero del pueblo, con el que se podrían ejecutar proyectos esenciales», manifestó Guillén en declaraciones previas, destacando el impacto en la comunidad.
Un aspecto clave de sus declaraciones es el logro de una suspensión temporal del embargo, obtenido a través de apelaciones legales presentadas ante instancias judiciales. Guillén indicó que esta medida permite a la municipalidad operar con cierta normalidad mientras se investiga posibles irregularidades en las demandas originales, como colusiones entre abogados, jueces y exempleados.
Asimismo, informó que la municipalidad recibió una transferencia por un monto superior a los dos millones de lempiras, recursos que, según detalló, provienen de fondos estatales pendientes y que permitirán cubrir parcialmente obligaciones operativas urgentes del municipio.
La edil destacó que estos fondos se destinarán de manera responsable a garantizar la continuidad de servicios básicos y el pago de planilla, al tiempo que reiteró su compromiso de seguir luchando por una solución definitiva a la deuda heredada.
La alcaldesa ha solicitado intervenciones del Tribunal Superior de Cuentas para una auditoría exhaustiva, de la Corte Suprema de Justicia para revisar el proceso, y del Ministerio Público para indagar posibles fraudes. Además, ha apelado a organismos internacionales por protección de derechos humanos y ha pedido apoyo presidencial para mitigar el impacto en programas sociales.
Guillén reiteró su respeto por los derechos laborales, afirmando que «los derechos de los trabajadores deben pagarse de manera íntegra», pero denunció que las demandas podrían haber sido manipuladas para afectar indebidamente los fondos públicos.
«Todo se dio en cuestión de menos de un mes, algunos regidores no tenían conocimiento sobre eso. Voy a seguir con el proceso legal hasta las últimas instancias», agregó en el video, subrayando su determinación para defender los intereses del municipio.
Esta crisis se enmarca en un contexto nacional más amplio, donde embargos por demandas laborales afectan múltiples alcaldías y suman miles de millones de lempiras en la Caja Única del Estado, limitando inversiones en salud, educación y infraestructura.
Autoridades como el ministro de Finanzas, Emilio Hernández, han advertido sobre el impacto millonario en las finanzas públicas.
La alcaldesa ha llamado a la población a mantenerse informada y unida, mientras el caso continúa en los tribunales. Se espera que en los próximos días se den más detalles sobre la duración de la suspensión temporal y las resoluciones judiciales pendientes.
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