El comisionado Luis Alonso Bustamante, jefe de la Regional 6 de la Policía Nacional, confirmó que está en curso un proceso administrativo contra cuatro agentes acusados de amenazar y despojar de 10mil lempiras a un ciudadano de la comunidad de La Cruz de Linaca en el municipio de Choluteca.
El hecho habría ocurrido el pasado domingo 10 de agosto, cuando la víctima denunció públicamente, a través de un medio de comunicación, que los policías llegaron hasta su vivienda para intimidarlo y quitarle el dinero. Aunque el afectado no interpuso la queja de forma formal, Bustamante afirmó que la institución actuó de inmediato.
«Nadie está encima de la ley, si nosotros identificamos a través de una denuncia o a través de un trabajo de seguimiento algún miembro de nuestra institución generando o cometiendo un acto ilícito, inmediatamente se va a proceder contra ellos» advirtió.
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Los agentes señalados continúan en funciones mientras se desarrolla el procedimiento. Bustamante insistió en que se respetará el derecho a la presunción de inocencia, pero advirtió que, de confirmarse la culpabilidad, las sanciones podrían ir desde la baja definitiva hasta otras medidas contempladas en la Ley Orgánica y el reglamento de carrera policial.
Ante lao opinión pública sobre de que la policía en casos como este lo que hace es trasladar a los agentes a otros departamentos del país dijo que: «no vamos a trasladar a nadie, si alguien es sorprendido cometiendo una falta o un delito, va a ser sancionado, no estamos acá para porque igual movemos el problema para otro lado, ¿no? debemos de tener esa responsabilidad.» enfatizó.
El comisionado evitó dar detalles sobre la denuncia formal para no entorpecer la investigación, pero reconoció que casos como este dañan la imagen de la institución.
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«La institución es noble y estamos aquí para servir y proteger. Eso no lo podemos perder de vista, el esfuerzo que realizan todos estos hombres y mujeres que son más de 2000 funcionarios que tenemos este sector es de entrega de 24 horas de servicio y eso no puede no puede ser manchado por un mal actuar de algunos funcionarios que puedan ser sorprendidos cometiendo este tipo de hechos» sostuvo.
Este episodio reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno en las fuerzas de seguridad para prevenir que quienes deben garantizar la paz y la tranquilidad ciudadana se vean involucrados en actividades ilícitas.
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