El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) identificó indicios de responsabilidad penal en una investigación especial relacionada con la ejecución de embargos judiciales contra fondos de la cuenta única del Estado, vinculados a supuestas demandas laborales contra la Alcaldía Municipal de Choluteca durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, cuando la municipalidad estaba bajo la administración del exalcalde Quintín Soriano.
De acuerdo con el informe, el TSC revisó 15 expedientes y detectó irregularidades en 13 de ellos, atribuidos a supuestas demandas laborales contra la Alcaldía de Choluteca. Mediante estos procesos se ejecutaron embargos contra fondos de la cuenta única del Estado en el Banco Central de Honduras, posteriormente trasladados a una cuenta judicial del Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán.
La investigación estableció que los exhortos utilizados para ejecutar los embargos no contaban con respaldo documental primario, debido a que no estaban acompañados por acuerdos conciliatorios, autos de ejecución de embargo ni referencias claras que permitieran comprobar la existencia de dichos documentos.
Además, los 13 exhortos fueron presentados por el abogado que figuraba como apoderado legal de las supuestas partes demandantes o por personas vinculadas con él. Estos documentos fueron recibidos, tramitados y ejecutados por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, sin que, según el informe, existiera evidencia de una confirmación documental, electrónica, institucional o telefónica con el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca.
El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, por su parte, desconoció la emisión de los exhortos, así como las firmas, sellos y actuaciones que se le atribuían. El informe señala que algunos números de expediente correspondían a procesos reales contra empresas privadas, mientras que uno correspondía a un proceso real contra la Municipalidad de Choluteca, pero con alteraciones en las partes procesales y en la cuantía. Otros números de expediente, según la investigación, no existían en los libros de control ni en los sistemas electrónicos del juzgado.
Uno de los elementos identificados por el TSC fue el uso de un sello institucional que ya no se encontraba vigente. El Juzgado de Letras de Choluteca había cambiado su sello oficial a principios de 2025 y devuelto el anterior, por lo que los exhortos cuestionados presentaban un sello que el órgano jurisdiccional ya no utilizaba. Las autoridades judiciales también desconocieron las firmas que aparecían en dichos documentos.
A partir de esos exhortos se realizaron los embargos sobre la cuenta única del Estado en el Banco Central de Honduras. Los fondos fueron trasladados a la cuenta judicial del Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán y posteriormente se emitieron cheques de caja a favor del abogado que figuraba como apoderado legal de las supuestas partes demandantes.
El monto total pagado mediante los 13 expedientes examinados ascendió a 32 millones 545 mil 791 lempiras con 88 centavos, cantidad que el Tribunal Superior de Cuentas establece como perjuicio económico al Estado de Honduras, de acuerdo con la documentación e información obtenida durante la investigación.
El informe también señala que en la presentación, recepción, tramitación, ejecución y pago de los embargos aparecen vinculadas diversas personas naturales, profesionales del derecho, funcionarios y servidores judiciales. El TSC considera que los hechos identificados podrían constituir irregularidades y contienen elementos que podrían ser indicativos de responsabilidad penal.
Ante los hallazgos, el Tribunal Superior de Cuentas remitió una copia del informe al Ministerio Público, específicamente al fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes, debido a los indicios de responsabilidad penal determinados durante la investigación. Corresponde ahora al Ministerio Público desarrollar las diligencias necesarias para individualizar responsabilidades y determinar quiénes participaron en las acciones investigadas.
El abogado y analista político Quénes Madrid, consultado sobre el caso, señaló que la investigación debe abarcar a todas las personas que pudieran estar involucradas, incluyendo empleados municipales, funcionarios y servidores judiciales y profesionales del derecho, además de establecer la ruta que siguieron los fondos públicos.
Madrid también planteó la necesidad de determinar si existió participación o negligencia de funcionarios judiciales en la recepción y ejecución de los exhortos, así como realizar investigaciones disciplinarias dentro del Poder Judicial. No obstante, subrayó que la responsabilidad individual de cada persona deberá establecerse mediante las investigaciones correspondientes.
El informe se refiere a hechos ocurridos durante el período en que Quintín Soriano ejercía como alcalde de Choluteca. Actualmente, la Municipalidad de Choluteca es administrada por el alcalde Eber Aplicano. Los hallazgos del TSC corresponden a la gestión y al período investigado y no implican, por sí mismos, responsabilidad de la actual administración municipal.
El caso queda ahora en manos del Ministerio Público, que deberá investigar los posibles delitos relacionados con la falsificación y utilización de documentos y sellos, la ejecución irregular de los embargos y el destino de los más de 32.5 millones de lempiras extraídos de fondos estatales, así como determinar las responsabilidades penales que correspondan conforme avance la investigación.
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