El exvicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, Antonio García, afirmó que la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños en Estados Unidos representa el cierre de las posibilidades para mantener vigente este beneficio migratorio, luego de que concluyera el proceso legal iniciado tras la decisión de ponerle fin al programa.
García sostuvo que, con la resolución definitiva de las autoridades estadounidenses y el fallo judicial que respaldó la decisión del presidente Donald Trump, los hondureños amparados por el TPS ya no contarían con una vía jurídica, legislativa o administrativa para prolongar el programa.
“No hay ninguna otra opción, ni jurídica, ni en el Congreso, ni mucho menos de parte del Ejecutivo para seguir dándole vida al TPS; en otras palabras, el TPS está muerto, es el final del camino”, manifestó.
El exfuncionario explicó que la determinación actual es consecuencia de un proceso que comenzó con el anuncio de cancelación del TPS en septiembre de 2025. Posteriormente, organizaciones y beneficiarios emprendieron acciones legales para intentar revertir la medida, pero el proceso judicial terminó favoreciendo la decisión de la administración estadounidense.
Ante este escenario, García señaló que los hondureños que pierdan la protección migratoria deberán evaluar su situación individual y las alternativas disponibles, al tiempo que advirtió sobre el riesgo de deportación para quienes permanezcan en Estados Unidos sin otro estatus migratorio que les permita continuar legalmente en ese país.
El exvicecanciller también cuestionó la gestión del Gobierno hondureño frente a la decisión estadounidense y consideró que no se habría aprovechado adecuadamente la relación bilateral con Washington. Según García, durante la campaña electoral estadounidense hubo compromisos de trabajar conjuntamente, pero posteriormente no se habría concretado un resultado favorable para los beneficiarios hondureños del TPS.
Recordó que durante su gestión como vicecanciller la posición de Honduras consistía en solicitar de manera reiterada la extensión del programa, una política que también mantuvo la expresidenta Xiomara Castro durante su administración.
García consideró que la política migratoria impulsada por Trump, caracterizada por mayores restricciones hacia los migrantes, redujo las posibilidades de que Honduras recibiera un tratamiento diferente respecto al TPS.
El exfuncionario señaló además que será importante observar qué ocurre con El Salvador, cuyo TPS deberá ser evaluado próximamente. A su juicio, una eventual extensión para los salvadoreños podría generar cuestionamientos sobre la relación de Honduras con Estados Unidos.
“Me interesa muchísimo lo que va a pasar con El Salvador, porque si a El Salvador le extienden el TPS, eso querría decir que Honduras nunca fue un socio estratégico importante para Estados Unidos”, afirmó García.
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