El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) pidió al Gobierno de Honduras activar de manera inmediata un protocolo de asistencia consular para verificar las condiciones en las que se encuentra el hondureño Brayan Sánchez, quien fue deportado desde Estados Unidos a la República Centroafricana junto con cuatro ciudadanos cubanos y un ecuatoriano.
Sánchez y los otros cinco migrantes fueron enviados el 30 de julio a Bangui, capital de la República Centroafricana, sin que, según sus testimonios, fueran informados previamente de que serían trasladados a ese país. Desde entonces permanecen allí bajo incertidumbre sobre su futuro migratorio y han solicitado ayuda para regresar a Estados Unidos.
La Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh solicitó que las autoridades hondureñas constaten primero el estado físico de Sánchez y atiendan sus necesidades básicas. También planteó que, si el migrante no cuenta con documentación que acredite su nacionalidad, Honduras debe gestionar la emisión de un pasaporte que le permita movilizarse internacionalmente.
El organismo considera además necesario entrevistar directamente al hondureño para conocer qué alternativa desea tomar, respetando su consentimiento. El Conadeh cuestionó que una persona sea trasladada a un tercer país sin su consentimiento y sin dominar el idioma local, al considerar que podrían existir problemas relacionados con el debido proceso.
Información difundida en los últimos días señala que Sánchez, de 31 años, permanece en Bangui junto a los demás migrantes latinoamericanos. En testimonios publicados por medios internacionales, los deportados han descrito incertidumbre sobre su situación y han pedido la intervención de congresistas estadounidenses para intentar regresar a Estados Unidos.
El propio Sánchez ha relatado que el traslado se produjo después de permanecer detenido por autoridades migratorias estadounidenses y que el viaje hasta Bangui duró alrededor de 21 horas, con escalas en Senegal y Nigeria. Según su testimonio, agentes de ICE los habrían presionado para abordar el vuelo.
La situación ha generado además preocupación por las condiciones en las que se encuentran los migrantes. Reportes recientes indican que permanecen alojados en Bangui con restricciones para movilizarse y enfrentan dificultades relacionadas con el idioma y la falta de claridad sobre cuánto tiempo permanecerán en el país.
La Cancillería hondureña, por su parte, ha señalado que mantiene seguimiento al caso y que está dispuesta a gestionar el retorno voluntario de Sánchez a Honduras. Sin embargo, el migrante ha manifestado que no desea regresar debido a las amenazas de muerte que, según sostiene, lo obligaron a abandonar el país.
Ante este escenario, el Conadeh recomendó revisar mediante asistencia legal el proceso seguido en Estados Unidos y determinar si se respetaron las garantías correspondientes durante la deportación. También planteó explorar alternativas con terceros países que puedan ofrecer protección internacional, acceso al trabajo y condiciones dignas de vida si Sánchez no puede regresar a Estados Unidos.
El caso se enmarca en la política de la Administración de Donald Trump de trasladar a determinados migrantes deportados hacia terceros países de África. La situación de los seis migrantes enviados a Bangui ha puesto nuevamente bajo escrutinio estas deportaciones, especialmente por las denuncias de falta de información previa y las condiciones que enfrentan una vez fuera de Estados Unidos.
Deja una respuesta