El Gobierno de Honduras, bajo la presidencia de Nasry Asfura, implementará a partir de este martes 24 de marzo de 2026 una jornada de teletrabajo para un sector de los empleados públicos, como medida temporal para reducir el consumo de combustibles y mitigar el impacto del alza internacional en los precios de las gasolinas y el diésel.
La medida fue anunciada este domingo 22 de marzo por el secretario de Comunicaciones, José Argueta, y se oficializará este lunes. Inicialmente se prevé una duración de 15 días, aunque podría extenderse según la evolución de la crisis geopolítica en el Medio Oriente, que ha disparado los precios del petróleo.
El teletrabajo aplicará a empleados del gobierno central y instituciones descentralizadas cuyas funciones lo permitan (determinado por las oficinas de recursos humanos de cada entidad). El objetivo principal es disminuir el tráfico vehicular en las principales ciudades (como Tegucigalpa y San Pedro Sula), bajar el consumo de combustibles en traslados diarios y aliviar la presión económica en los hogares y el erario público.
Esta decisión se enmarca en un paquete de medidas más amplio: el Gobierno asumirá el 50 % del incremento real en los precios de los combustibles a partir del 23 de marzo, absorbiendo parte del alza para que el impacto en bomba sea menor. Por ejemplo:
- Gasolina regular: aumento real de L 9.94 por galón, pero el ajuste final será de L 4.97.
- Diésel: aumento real de L 17.12 por galón, con ajuste final de L 8.56.
El costo fiscal semanal de este subsidio temporal supera los L 74 millones (algunas fuentes estiman hasta L 160 millones considerando el consumo total: ~6.5 millones de galones de diésel y 4.2 millones de gasolina regular por semana).
La designada presidencial María Antonieta Mejía había calificado previamente el teletrabajo como una «medida extrema» y opción de último recurso, pero la escalada reciente en los precios (influida por tensiones internacionales) impulsó su activación. No se descartan otras acciones de ahorro, como reducción de jornadas o incentivos similares en el sector privado, aunque el foco inicial está en el sector público.
La iniciativa busca proteger la economía familiar y reducir la factura petrolera nacional, en un contexto donde Honduras es importadora neta de derivados del petróleo. Fuentes oficiales enfatizan que se mantendrá el monitoreo semanal de precios y subsidios para evitar impactos mayores en la inflación y el costo de vida.
Hasta el momento, no se han detallado excepciones específicas (como servicios esenciales de salud, seguridad o emergencias), pero se espera que se priorice la continuidad de funciones críticas. El anuncio ha generado reacciones mixtas: apoyo por el alivio temporal al bolsillo ciudadano, pero cuestionamientos sobre su efectividad a largo plazo y la necesidad de políticas estructurales para la dependencia energética.
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