El gobierno del presidente Nasry Asfura confirmó que una empresa alemana instalará una fábrica en Honduras para producir placas vehiculares metálicas, con el objetivo de resolver el grave déficit que afecta al parque automotor del país, donde entre 1.5 y 1.7 millones de vehículos circulan sin placas definitivas o con distintivos provisionales de papel.
En declaraciones realizadas este jueves (19 de marzo de 2026), Asfura detalló que la compañía suministrará inicialmente placas desde sus plantas en el extranjero mientras se instala la fábrica local. El nuevo sistema incluirá tecnología avanzada con SIM Card integrado, que se activará en puntos de control para identificar vehículos robados, con placas irregulares o vinculados a escenas delictivas, mejorando la trazabilidad y el combate a la criminalidad.
La medida surge tras la autorización de contratación directa aprobada en el Congreso Nacional, en medio de una crisis prolongada que ha obligado a miles de conductores a usar placas temporales. El Instituto de la Propiedad (IP) estima que se necesitan alrededor de 1.5 a 1.7 millones de placas para cubrir la demanda actual, y se conservará el diseño de las placas existentes (con chip) para los cerca de 2 millones de vehículos que ya las poseen.
Sin embargo, la decisión ha generado controversia y críticas en redes sociales y medios locales, ya que la empresa alemana beneficiada sería la misma que recibió el contrato para el suministro de placas entre 2016 y 2021, durante la administración de Juan Orlando Hernández. Ese proceso fue dirigido por Ebal Díaz, entonces titular del Consejo Directivo del IP y figura clave en el gobierno anterior.
Reportes medios indican que el gobierno adjudicaría los contratos a esta compañía extranjera, lo que ha encendido señalamientos de posible continuidad de arreglos del pasado y cuestionamientos sobre el costo y la transparencia del proceso. Algunos sectores han calificado la medida como un «regreso» a contratos previos, mientras que el oficialismo defiende que se trata de una solución urgente y técnica para acabar con el desabastecimiento.
Asfura no ha detallado el monto total del contrato ni el nombre exacto de la empresa, pero enfatizó que la iniciativa busca modernizar el sistema vehicular y generar beneficios en seguridad y recaudación (se estima que el IP podría recaudar cientos de millones de lempiras por la implementación). Mientras tanto, la oposición y analistas piden mayor claridad en los términos de la adjudicación directa para evitar sospechas de favoritismo.
La instalación de la fábrica se presenta como un paso hacia la producción nacional, aunque inicialmente dependerá de importaciones. El anuncio se da en las primeras semanas de la gestión de Asfura (asumió en enero 2026), quien ha priorizado temas de orden público y eficiencia en servicios como el vehicular.
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