La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó este martes 17 de marzo una reforma constitucional que modifica el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución Política, eliminando la prohibición absoluta de penas perpetuas y permitiendo la aplicación de cadena perpetua exclusivamente para personas condenadas por homicidio, violación y terrorismo.
La reforma, impulsada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele y presentada por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, fue aprobada en sesión plenaria con 59 votos a favor (de los 60 diputados presentes) y un voto en contra, emitido por la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos. El texto reformado establece: “Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”.
Esta enmienda busca endurecer el marco penal en el contexto de la guerra contra las pandillas y la reducción drástica de la criminalidad en el país durante los últimos años, bajo el régimen de excepción vigente desde 2022. Según el ministro Villatoro y diputados oficialistas como Suecy Callejas (NI), la medida apunta a castigar con mayor severidad a responsables de feminicidios, homicidios agravados y miembros de estructuras terroristas como las pandillas MS-13 y Barrio 18, que han sido catalogadas como organizaciones terroristas por el Gobierno salvadoreño.
La aprobación se dio sin un debate extenso ni estudio previo en comisiones, lo que generó críticas de sectores opositores y organizaciones de derechos humanos por la rapidez del proceso. Tras la votación inicial, la reforma debe ser ratificada en una segunda sesión plenaria para entrar en vigencia y modificar formalmente el texto constitucional.
Paralelamente, el Legislativo remitirá a estudio reformas complementarias al Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley Contra Actos de Terrorismo y otras normativas secundarias para homologarlas con la nueva disposición constitucional.
El presidente Bukele celebró la decisión en sus redes sociales, destacando que se trata de un paso para “proteger a los salvadoreños de bien” y garantizar que los responsables de delitos graves no vuelvan a las calles. El Gabinete de Seguridad presentó la iniciativa como parte de una estrategia integral para mantener la seguridad ciudadana y prevenir la reincidencia en crímenes de alto impacto.
Hasta el momento, no se han detallado plazos exactos para la ratificación ni para la aplicación efectiva de la cadena perpetua en sentencias judiciales. Organismos internacionales y defensores de derechos humanos han expresado preocupación por el posible impacto en el sistema penitenciario, ya saturado con más de 100 mil detenidos bajo el régimen de excepción, y por el riesgo de abusos en la aplicación de penas tan severas.
Esta reforma representa uno de los cambios constitucionales más significativos en materia penal desde la aprobación de la Constitución de 1983, y refuerza la línea dura en seguridad impulsada por el Gobierno de Bukele, que ha logrado reducir los homicidios a niveles históricos en el país. Las autoridades enfatizaron que la medida no aplica a otros delitos y mantiene prohibidas las penas infamantes, proscriptivas o por deudas.
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