En los últimos meses de la administración de la expresidenta Xiomara Castro y del partido Libertad y Refundación (Libre), exfuncionarios de alto nivel, particularmente de la Cancillería, aprobaron un reglamento que les permite portar pasaportes diplomáticos de manera vitalicia, un privilegio que se extiende incluso a sus cónyuges y que ha generado fuerte controversia por considerarse un abuso de poder y una oficialización de beneficios permanentes para quienes ya no ejercen funciones públicas.
El Acuerdo No. 001-SG-2025, denominado Reglamento de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, fue aprobado el 6 de mayo de 2025 por el entonces canciller Eduardo Enrique Reina García y publicado en La Gaceta el 14 de junio del mismo año. Este documento de 15 artículos establece en su Artículo 13 una excepción clave: “Los Expresidentes de los Poderes del Estado y sus cónyuges, así como los Exsecretarios y Exsubsecretarios de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y sus cónyuges, tienen el privilegio de portar pasaporte diplomático de manera vitalicia”.
Entre los potenciales beneficiarios se mencionan figuras como la expresidenta Xiomara Castro, el excanciller Enrique Reina, exvicecancilleres como Gerardo Torres, Cindy Larissa Rodríguez y Zulmit Solemit Rivera Zúniga, así como otros ex altos cargos como Luis Redondo y Manuel Zelaya.
La normativa contrasta con la vigencia limitada de uno o cinco años para pasaportes diplomáticos de funcionarios en activo, lo que ha llevado a críticas de que se trató de una medida tomada estratégicamente antes del fin del gobierno de Libre el 27 de enero de 2026, para garantizar privilegios permanentes a una élite política. Juristas y analistas, como la abogada Ruth Lafosse, han calificado esta decisión como “una oficialización del abuso del poder” y “la firma de la vergüenza”, comparándola con privilegios nobiliarios impropios en un sistema democrático, y argumentando que los pasaportes diplomáticos deben reservarse exclusivamente para quienes ejercen cargos públicos activos.
El reglamento, al ser un acto administrativo y no una ley secundaria, podría ser derogado directamente por la actual canciller Mireya Agüero o mediante iniciativa legislativa. Esta revelación ha intensificado el debate político, con el actual presidente del Congreso, Tomás Zambrano, impulsando su eliminación por considerarlo un “exceso y abuso” contra el Estado, y exigiendo la devolución inmediata de estos documentos por parte de exfuncionarios de todos los partidos una vez concluidos sus mandatos.
El excanciller Enrique Reina ha defendido la medida, argumentando que se trata de una práctica histórica en Honduras desde hace más de 40 años, respaldada por normativas previas que otorgan este beneficio a presidentes, expresidentes, cancilleres y diplomáticos de carrera, y ha calificado las críticas como “ruido por tonterías”. Sin embargo, la polémica persiste en el contexto de la transición gubernamental, destacando demandas de transparencia y fin a privilegios perpetuos en la función pública hondureña.
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