El gobierno de Estados Unidos ha recibido luz verde para proceder con la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, Nicaragua y Nepal, tras una decisión emitida el 9 de febrero de 2026 por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, California. Esta resolución suspende temporalmente («stay pending appeal») una orden previa de diciembre de 2025 que había restaurado el TPS para estos países, permitiendo así que la decisión original de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, avance mientras se resuelve la apelación completa.
El TPS para Honduras, originalmente otorgado en 1998 tras el huracán Mitch y extendido durante décadas, fue terminado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en julio de 2025, con efecto a partir del 8 de septiembre de 2025. La medida afectaría a entre 51,000 y 72,000 hondureños que contaban con protección contra deportación y autorización de trabajo en EEUU.
En diciembre de 2025, la jueza federal Trina L. Thompson del Distrito Norte de California anuló esa terminación en el caso National TPS Alliance et al. v. Noem et al., argumentando que la decisión era arbitraria, posiblemente motivada por prejuicios y que no consideraba adecuadamente las condiciones actuales en los países afectados.
Sin embargo, el panel de tres jueces del Noveno Circuito concedió la suspensión solicitada por el gobierno, determinando que este tiene altas probabilidades de éxito en la apelación. Los magistrados indicaron que el expediente administrativo respalda la terminación, que la secretaria consultó con las agencias correspondientes, y que la decisión no representa un cambio injustificado de política ni viola la ley.
Como resultado, el TPS para Honduras queda nuevamente en proceso de terminación efectiva, revocando la protección temporal que había sido restaurada por el fallo de distrito. Esto implica que muchos beneficiarios podrían perder su estatus migratorio y permisos de trabajo en el corto plazo, aunque extensiones automáticas previas o notificaciones individuales de USCIS podrían mantener algunos beneficios mientras dure el litigio.
La secretaria de seguridad de EEUU, Kristi Noem, celebró la decisión como una «victoria para el estado de derecho», enfatizando que el TPS fue diseñado como medida temporal y no como un programa permanente de amnistía. «TPS nunca fue diseñado para ser permanente, pero administraciones anteriores lo usaron como un programa de facto de amnistía por décadas», señaló Noem en sus declaraciones. El gobierno argumenta que las condiciones en Honduras han mejorado significativamente desde 1998, justificando el fin de la designación.
El gobierno de Honduras, a través de la Cancillería, lamentó el fallo pero lo calificó como una «instancia procesal más» en un litigio complejo que aún no es definitivo. En un comunicado oficial, se indicó que el proceso judicial continúa y que podría escalar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Las autoridades hondureñas han expresado preocupación por el impacto en miles de compatriotas que han vivido y trabajado en EE.UU. por décadas, contribuyendo económicamente tanto a su país de residencia como al de origen mediante remesas.
Organizaciones de defensa migratoria, como la National TPS Alliance y Alianza Americas, criticaron duramente la suspensión, argumentando que daña el estado de derecho y pone en riesgo a residentes de largo plazo. Expertos señalan que los afectados podrían explorar alternativas como solicitudes de asilo, parole humanitario u otros ajustes de estatus, aunque estos no son garantizados ni automáticos.
La página oficial de USCIS para Honduras mantiene el alerta sobre la terminación original de septiembre de 2025, reconociendo la vacatur de diciembre y la actual suspensión del Noveno Circuito. El sitio recomienda a los beneficiarios consultar actualizaciones frecuentes, evitar estafas y buscar asesoría legal inmediata de abogados acreditados en inmigración. USCIS enfatiza que «vehementemente» discrepa con las decisiones judiciales que han bloqueado la terminación y trabaja con el Departamento de Justicia para avanzar en la apelación.
Este vaivén judicial refleja la volatilidad del tema bajo la administración actual, donde el TPS ha sido objeto de múltiples desafíos legales. El caso podría resolverse definitivamente en instancias superiores, pero por ahora, la decisión del 9 de febrero representa un revés significativo para los hondureños con TPS, abriendo la puerta a deportaciones potenciales en los próximos meses si la terminación se confirma. Se espera que en las próximas semanas haya más desarrollos en el Noveno Circuito o anuncios adicionales de USCIS.
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