La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó este miércoles repetir el juicio por la muerte de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, la joven estudiante de enfermería fallecida en custodia policial en La Esperanza, Intibucá, tras detectar inconsistencias procesales en la sentencia previa.
La decisión, adoptada por unanimidad, responde a recursos de casación presentados por el Ministerio Público y la acusación privada, anulando la condena contra el expolicía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento.
Antecedentes del Caso
Keyla Martínez, de 26 años, fue detenida la noche del 7 de febrero de 2021 por presunto incumplimiento al toque de queda durante la pandemia de COVID-19, y hallada muerta horas después en una celda de la Unidad Departamental de Policía #10 de La Esperanza, Intibucá. Inicialmente calificado como suicidio por la Policía, el informe forense confirmó asfixia mecánica por sofocación, lo que derivó en una investigación por homicidio.
El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque condenó a Perdomo por homicidio imprudente por omisión a cinco años de prisión en 2023, rechazando femicidio agravado, aunque en 2024 su defensa solicitó beneficios por tiempo cumplido.
Detalles de la Resolución Judicial
El magistrado Walter Miranda Sabio confirmó que, tras revisar el expediente en pleno, la CSJ identificó irregularidades que afectan la validez del proceso, ordenando un nuevo juicio ante un tribunal diferente. «Se decidió mandarlo a repetir conforme a los recursos planteados», explicó Miranda en entrevista televisiva, enfatizando la necesidad de corregir fallas para garantizar justicia. El nuevo debate oral se repetirá para esclarecer responsabilidades en este emblemático caso de violencia institucional.
Reacciones y Contexto Social
La resolución reaviva el clamor por justicia en un caso que generó protestas masivas contra la impunidad policial y fallas en el sistema penitenciario. Familiares y organizaciones feministas han exigido esclarecer si hubo femicidio, destacando que Perdomo era el único agente con acceso a la celda. Este fallo llega en medio de reformas al Código Penal y presiones por erradicar abusos en detenciones preventivas.
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