El director ejecutivo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Zelaya, informó este martes que esa institución recibió instrucciones para asumir la administración de bienes pertenecientes al general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez.
Según indicó, “el día de ayer recibimos instrucción por parte del Tribunal Especial en Criminalidad Organizada que tomáramos posesión de estos bienes que fueron requisados, investigados y periciados por parte de la autoridad competente”
Zelaya explicó que los bienes en cuestión se encuentran ubicados en el departamento de Olancho y que las diligencias para hacer efectiva la toma de posesión ya están en marcha. Precisó que “nosotros estamos programando lo que corresponde para tomar posesión de los bienes”, cumpliendo así con lo establecido por el tribunal correspondiente.
De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario, entre los activos que serán administrados por la OABI se incluyen una sociedad mercantil registrada como comerciante individual, un vehículo y siete cuentas bancarias activas en distintas instituciones financieras.
Zelaya aclaró que “los bienes que el tribunal ha determinado que son producto de actividades ilícitas” ya fueron puestos a disposición de su oficina.
Futuras investigaciones a Romeo Vásquez Velásquez
Ante consultas sobre posibles acciones futuras, el titular de la OABI expresó que “desconozco si habrá más investigaciones y más bienes que posiblemente sean puestos a disposición de la OABI”, aunque reiteró que ha recibido “instrucciones precisas de las autoridades competentes de recepcionar los 15 inmuebles”.
Actualmente, Romeo Vásquez Velásquez enfrenta un proceso judicial y se encuentra prófugo de la justicia hondureña.
Las autoridades lo vinculan con la muerte de un activista de la resistencia popular ocurrida durante la crisis institucional que vivió el país en junio de 2009, tras la destitución del entonces presidente Manuel Zelaya.
Sobre el exjefe del Estado Mayor también pesa un requerimiento fiscal por su presunta implicación en el delito de enriquecimiento ilícito, lo que ha incrementado el escrutinio judicial sobre su patrimonio y las operaciones financieras realizadas durante y después de su paso por la institución castrense.
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