El ciudadano hondureño Olvin Rodríguez Inestroza, de 22 años, se declaró culpable ante una corte federal en Estados Unidos por el delito de distribución y posesión de pornografía infantil, un crimen federal severamente castigado en ese país.
Rodríguez admitió haber compartido archivos digitales con contenido sexual explícito de menores de edad mediante múltiples plataformas en línea. Las autoridades estadounidenses informaron que, durante la investigación, le fueron incautados más de 205 videos y 325 fotografías de pornografía infantil almacenados en su teléfono celular.
Pena de hasta 20 años de prisión
De acuerdo con la legislación federal de EE. UU., la distribución de pornografía infantil conlleva penas que van desde cinco hasta 20 años de prisión, así como multas de hasta 250,000 dólares. Además, las personas condenadas por este delito deben registrarse de por vida como delincuentes sexuales, lo que restringe sus derechos y opciones laborales, educativas y sociales.
El fiscal federal interino Ellison Travis aseguró que este caso refuerza el compromiso del gobierno estadounidense con la protección de la niñez:
“Usar el internet para explotar a niños es un delito grave, y seremos firmes en la aplicación de la ley.”
Deportación tras cumplir condena
Una vez cumplida su sentencia, Rodríguez podría ser deportado a Honduras, de donde emigró en busca de nuevas oportunidades. No obstante, sus decisiones lo pusieron bajo el radar de las autoridades federales, que utilizan tecnología avanzada para rastrear y desmantelar redes de explotación sexual infantil en línea.
Una advertencia sobre los peligros en línea
Este caso pone en evidencia el impacto devastador de la pornografía infantil, no solo para las víctimas —menores de edad cuya dignidad es vulnerada—, sino también para quienes producen, comparten o consumen este tipo de contenido.
Rodríguez evitó un juicio prolongado al declararse culpable, pero no escapará a las consecuencias legales y sociales de sus actos. La historia sirve como advertencia sobre el uso criminal de las plataformas digitales y la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección a la infancia.
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