La comunidad hondureña en Estados Unidos vive un respiro tras el reciente fallo de una corte federal en California, que decidió suspender la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), permitiendo así la restitución y extensión temporal de este beneficio migratorio hasta noviembre de 2025. La determinación judicial protege a más de 55 mil hondureños que residen legalmente bajo dicho programa, brindándoles alivio ante la incertidumbre migratoria que se vivía en los últimos meses.
El litigio, encabezado por organizaciones como la Fundación 15 de Septiembre, se centró en los cuestionamientos sobre la legalidad de la decisión anterior del gobierno de Donald Trump, donde se buscaba rescindir el TPS alegando justificantes insuficientes y, según los demandantes, motivaciones discriminatorias.

Durante las audiencias, la jueza federal Trina L. Thompson expresó inquietudes sobre la falta de argumentos sólidos del gobierno para justificar la cancelación, así como el impacto humano y social de una deportación masiva, señalando que muchos beneficiarios tienen décadas de residencia, hijos ciudadanos estadounidenses y vínculos económicos profundos en la sociedad norteamericana.
La decisión de la corte implica que, al menos hasta la próxima audiencia programada para el 18 de noviembre de 2025, los hondureños amparados bajo el TPS no corren riesgo inmediato de perder sus permisos de trabajo ni la protección contra la deportación. Sin embargo, tanto abogadas como líderes de la comunidad migrante alertan que este es solo un alivio temporal y que seguirán luchando por una solución permanente, como la residencia o una reforma migratoria más amplia.
Las reacciones han sido de esperanza y alivio inmediato entre familias tepesianas, aunque también con la conciencia de que la batalla legal no ha terminado y que la próxima fecha clave será decisiva para el futuro de miles. Organizaciones migrantes y la diplomacia hondureña han reiterado llamados al Congreso de EE UU para buscar mecanismos más duraderos que eviten la constante zozobra para esta comunidad.
Este nuevo capítulo en la lucha de los hondureños por el TPS refleja la capacidad de las comunidades migrantes para movilizarse y defender sus derechos en el ámbito judicial, así como la importancia de la solidaridad y la acción política ante el futuro incierto de la política migratoria estadounidense.
Además de Honduras, el reciente fallo de la corte federal en California incluyó a otros países cuyos ciudadanos también podrán mantener el TPS en Estados Unidos. En particular, la decisión beneficia a inmigrantes de Nicaragua y Nepal, cuyas protecciones migratorias estaban próximas a expirar. Así, la medida judicial otorga alivio inmediato a miles de personas originarias de estos países, permitiéndoles seguir viviendo y trabajando legalmente en territorio estadounidense, al menos hasta que se tome una resolución definitiva en la próxima audiencia programada para noviembre de 2025.
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