La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y titular del Poder Judicial de Honduras, Rebeca Lizette Ráquel Obando, afirmó recientemente que durante su gestión ha logrado “transformar” la institución y que próximamente presentará los resultados concretos de ese proceso de cambio.
En declaraciones la magistrada Rebeca Ráquel Obando destacó que su administración se ha enfocado en adecentar la justicia, agilizar procedimientos judiciales y combatir prácticas irregulares que antes eran comunes, como el ocultamiento de expedientes o la lentitud excesiva en los procesos.
“Yo me siento limpia; aquí hemos venido a trabajar en pro de la justicia”, expresó la presidenta de la CSJ, agregando que, si bien ha enfrentado críticas y amenazas (incluyendo posibles recusaciones o presiones políticas), está dispuesta a rendir cuentas. Insistió en que los logros alcanzados durante su período al frente del Poder Judicial serán detallados públicamente en el momento oportuno, como parte de una rendición de cuentas transparente.
Estas afirmaciones surgen en un contexto de tensiones políticas en Honduras, donde el Poder Judicial ha sido cuestionado por supuesta influencia partidaria (especialmente vinculada al oficialismo de Libre), escándalos pasados como el caso del juez Vallecillo (donde la magistrada negó cualquier vinculación personal) y recusaciones recientes en casos sensibles, como los relacionados con magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Rebeca Ráquel Obando, elegida presidenta de la CSJ en febrero de 2023 para el período 2023-2030, ha defendido en múltiples ocasiones la independencia del órgano judicial y ha promovido reformas internas para mayor eficiencia y transparencia. No obstante, sectores opositores y analistas han criticado que los cambios no han sido suficientes o que persisten influencias externas.
Hasta el momento, no se ha especificado la fecha exacta ni el formato en que se presentarán dichos “resultados”, pero la declaración de la magistrada apunta a una próxima exposición pública de avances en materia de combate a la corrupción interna, modernización de procesos y fortalecimiento institucional.
Esta postura se da semanas antes de la asunción del nuevo gobierno nacionalista (27 de enero de 2026), lo que podría intensificar el escrutinio sobre el Poder Judicial en el nuevo escenario político. La presidenta de la CSJ ha reiterado su compromiso con la ley y la justicia imparcial, afirmando que no retrocederá ante presiones.
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