Congreso Nacional aprueba reformas penales para endurecer condenas por feminicidio

El Congreso Nacional aprobó por unanimidad una serie de reformas al Código Penal orientadas a fortalecer el combate contra el feminicidio en Honduras, endureciendo las penas para los responsables y creando mecanismos especializados para la atención de estos delitos.

Las modificaciones establecen que el delito de feminicidio será castigado con penas de entre 25 y 30 años de prisión, mientras que el feminicidio agravado será sancionado con condenas de 30 a 40 años de reclusión. Además, las reformas permiten que las penas acumuladas puedan alcanzar hasta 60 años de cárcel en los casos de mayor gravedad.

Durante la sesión legislativa, los diputados destacaron la necesidad de fortalecer el marco jurídico ante la persistencia de la violencia contra las mujeres en el país. Según datos expuestos en el debate, Honduras registra el asesinato de una mujer aproximadamente cada 32 horas, una situación que motivó la aprobación de las reformas.

Entre los cambios aprobados se incluyen nuevas disposiciones para identificar situaciones de desigualdad de poder y violencia basada en género, incorporando elementos como antecedentes de control, violencia psicológica, dependencia económica y otras circunstancias que permitan establecer con mayor claridad la comisión del delito.

Las reformas también contemplan agravantes cuando el crimen sea precedido por violencia sexual, tortura o cuando el responsable sea un funcionario público que abuse de su cargo para cometer el delito.

Asimismo, el Congreso instruyó a la Corte Suprema de Justicia para la creación de juzgados especializados con competencia nacional para conocer exclusivamente casos de feminicidio y delitos relacionados, con el objetivo de agilizar los procesos judiciales y reducir los niveles de impunidad.

Autoridades legislativas señalaron que las reformas buscan garantizar que quienes atenten contra la vida de las mujeres enfrenten sanciones más severas y que las víctimas y sus familias tengan acceso a una justicia más efectiva. Las modificaciones deberán seguir el proceso correspondiente para su entrada en vigencia.

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