Un juez dictó este lunes auto de formal procesamiento y prisión preventiva a diez de los quince imputados en el caso de presunto fraude en la Alcaldía de San Pedro Sula, informó la portavoz de los juzgados, Bárbara Castillo.
Los procesados fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional de Támara, donde permanecerán mientras se celebra la audiencia preliminar programada para el 27 de octubre. La defensa aún puede presentar recursos de apelación.
De acuerdo con el Ministerio Público, los encausados habrían participado en un desfalco de 45.5 millones de lempiras mediante 33 contratos fraudulentos adjudicados a la empresa Constructora HERCOD.
La Fiscalía señaló que los delitos atribuidos incluyen fraude continuado, lavado de activos, violación de los deberes de los funcionarios y tráfico de influencias.
Entre los acusados figuran Luis Fernando Hernández Portillo y su esposa, Olga Estela Ávila Ortega, representante de HERCOD; además de los supuestos socios empresariales Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Malcos Jonathan Morales Corea.
La medida también alcanza a ex y actuales funcionarios municipales: Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez y Alejandra Eunice Amaya Barnica, de la Gerencia de Infraestructura; así como a Marlen Karina Mena Gómez, exgerente financiero; Xavier Lacayo Delgadillo, tesorero municipal; y Walter Manuel Cartagena Villagra, exdirector de Vías.
Las investigaciones apuntan a que los contratos se otorgaron de forma planificada a HERCOD, mientras que otras compañías se presentaban solo como fachada, sin maquinaria ni personal para ejecutar los proyectos. Incluso, algunas estaban registradas en casas particulares, negocios de venta de pollos o edificios en construcción.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó como prueba que HERCOD no contaba con capacidad técnica y que en el IHSS solo figuraba una trabajadora, su representante legal.
Un testigo protegido reveló que desde las cuentas de la constructora se pagaba la mensualidad de un vehículo utilizado por Steve Adolfo Fajardo Vargas, yerno del alcalde Roberto Contreras.
La Fiscalía aseguró que los pagos a HERCOD fueron autorizados sin informes de avance ni finalización de obras, y que de esa manera se transfirieron más de 5.9 millones de lempiras a Fajardo, ocultando el origen ilícito de los fondos.
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