Un fuerte dispositivo policial y militar ejecutó este jueves un desalojo en la comunidad de El Tulito, municipio de Choluteca, en cumplimiento de una orden judicial emitida a favor de empresas azucareras. El operativo involucró a alrededor de 400 a 600 agentes, incluyendo elementos de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, el Comando Tigres, la DPI y otras unidades, con apoyo de tanqueta y retenes en distintos puntos de acceso.
Las autoridades informaron que se trataba de aproximadamente 800 manzanas de tierra ocupadas por unas 80 familias, de las cuales se identificaron alrededor de 28 personas. Las empresas Agrícolas Los Destellos y Compañía Cañera del Sur, en calidad de acusadoras privadas, solicitaron el desalojo por el delito de usurpación. Parte de los ocupantes enfrentaba procesos judiciales desde 2019, algunos con medidas distintas a la detención y otros con órdenes de captura pendientes.
La defensa de los campesinos presentó la noche anterior un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando violación al debido proceso y solicitando la suspensión de la medida. El dispositivo policial esperó la resolución; al no prosperar el recurso en el plazo correspondiente, el juez ejecutor ordenó proceder con el desalojo.
El operativo se desarrolló de manera pacífica. No se realizaron capturas. Las autoridades respetaron las viviendas ubicadas en la franja de vía pública o derecho de vía, y se limitaron a recuperar el resto de los terrenos ocupados. Inmediatamente después, trabajadores y maquinaria de las empresas azucareras ingresaron a preparar la tierra para la siembra de caña de azúcar.
Residentes de la zona, algunos nativos y otros con varios años de permanencia (entre cinco y siete o más), manifestaron que habitan en el sector desde hace tiempo, que algunos cultivaban granos básicos aunque este año la sequía afectó las siembras, y que viven de la agricultura y actividades relacionadas. Expresaron alivio porque sus casas no fueron tocadas, aunque mostraron preocupación y desesperación ante la pérdida de los solares y la incertidumbre sobre su sustento.
El desalojo se enmarca en la aplicación del Decreto 107-2026, Ley para el Fortalecimiento del Sector Agroindustrial, aprobada a mediados de 2026, que ha facilitado este tipo de procesos en distintas regiones del país. Organizaciones campesinas han cuestionado la normativa por considerar que afecta derechos territoriales y debilita la defensa de las comunidades.
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