La alcaldesa del municipio de El Corpus, Choluteca, Katherine Guillén, afirmó que un grupo de ex empleados de la municipalidad está siendo influenciado para atacar su imagen y desprestigiar su gestión. Según explicó, tras sus declaraciones públicas se ha generado confrontación, con información que considera incorrecta circulando en el municipio y reuniones organizadas por bufetes de abogados que agrupan a personas que presentaron demandas o desistimientos ante los juzgados y el Ministerio Público.
Guillén rechazó las acusaciones de que ella obligó a presentar los desistimientos, asegurando que no es cierto. Indicó que algunas de esas personas también rindieron declaraciones ante la Fiscalía en Choluteca y en Tegucigalpa, por lo que el caso queda en manos de las autoridades competentes. Agregó que el proceso sigue en investigación y que ha recibido capturas de pantalla y mensajes donde se cita a demandantes a reuniones en casas del municipio para planificar acciones en su contra. Considera que detrás de estas movilizaciones podrían estar personas vinculadas a los bufetes que llevan las demandas laborales.
En cuanto a la distribución de ayudas, la alcaldesa señaló que aún no tiene respuesta definitiva y que, ante el llamado para el acarreo de alimentos, solicitó primero el listado de beneficiarios. Explicó que no está dispuesta a que la alcaldía cubra gastos si solo se beneficia a personas por afinidad política o si se politiza la entrega de recursos. Reiteró que fue electa para defender los derechos del municipio y que esa es la línea que mantiene.
Estos señalamientos se enmarcan en un conflicto que se arrastra desde el inicio de su gestión. Guillén asumió la alcaldía a inicios de 2026 después de ganar las elecciones y romper décadas de dominio de otra corriente política en el municipio. Al tomar posesión encontró demandas laborales interpuestas por decenas de ex empleados que suman cerca de 99 millones de lempiras, las cuales generaron embargos sobre cuentas y transferencias municipales.
La funcionaria ha denunciado irregularidades en esos expedientes, entre ellas la inclusión de personas que nunca laboraron en la corporación, menores de edad que figuran como contratados desde edades tempranas, un reclamo vinculado a un empleado fallecido, despidos masivos fechados en días de elecciones o en fechas cercanas a la entrega del poder, y poderes otorgados antes de que ocurrieran los supuestos despidos.
También ha señalado la falta de una transición ordenada y de documentación de la administración anterior, lo que ha complicado la defensa legal de la municipalidad.
La alcaldesa ha insistido en que los derechos laborales deben respetarse y pagarse cuando corresponden dentro del marco legal, pero que los montos y la composición de las demandas presentan inconsistencias que deben ser investigadas. Mientras el proceso avanza, ha prometido ir informando sobre los avances del caso.
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