Los padres de familia del Instituto José Cecilio del Valle (IJCV) de la ciudad de Choluteca, acordaron realizar un aporte voluntario para saldar una deuda de 486,304 lempiras con 12 centavos derivada de una demanda laboral presentada por tres extrabajadores despedidos durante la pandemia de COVID-19.
La directora del instituto, la licenciada Rosa Emelda Osorto, explicó en una reunión con los padres que el problema surgió en los meses de cierre total por la emergencia sanitaria, cuando el colegio no generaba ingresos y no pudo cumplir con los pagos a tres empleados contratados de forma verbal por la administración anterior, encabezada por el profesor Abel Carrasco. Al asumir el profesor Olman como director, y ante la falta de recursos, se procedió a retirar a los tres trabajadores quienes habían laborado entre 8 y 12 años en el centro.
Los extrabajadores iniciaron una demanda que inicialmente ascendía a varios millones de lempiras, pero tras apelaciones y procesos judiciales, la sentencia firme dictada en mayo del año pasado redujo el monto al pago mínimo correspondiente a los meses de pandemia, más derechos laborales como aguinaldo y otros prestaciones. La directora detalló que agotó todas las instancias para buscar financiamiento: solicitó autorización para usar fondos de matrícula gratis o recursos propios del instituto, pero ni la Secretaría de Educación ni otras instancias lo aprobaron, argumentando que sería irregular.
Ante el riesgo de embargo del 30% de las cuentas bancarias del centro educativo, Osorto sometió el tema a consideración de los padres de familia durante una asamblea. Se acordó un aporte voluntario de 175 lempiras por padre (o por familia, considerando que algunos tienen múltiples hijos inscritos), con el objetivo de recolectar el monto total en el transcurso del año escolar actual o, si es necesario, extenderlo al siguiente. La estimación se basa en alrededor de 3,000 padres de familia (aunque el total aproximado supera los 4,000, considerando familias con varios alumnos).
Los padres mostraron disposición y compromiso para resolver la situación, priorizando el prestigio, la tranquilidad y la sostenibilidad del instituto, que históricamente se ha mantenido con fondos propios. La directora enfatizó que no se trata de un cobro obligatorio ni de un talonario oficial de la directiva, sino de un mecanismo voluntario coordinado por los padres, con apoyo de docentes, consejeros y personal administrativo si es requerido.
“El honor y el prestigio de esta institución debe ser primero para todos. Queremos vivir sin compromisos pendientes y seguir mejorando las condiciones para los estudiantes”, expresó Osorto, quien también manifestó esperanza en que el gobierno autorice la matrícula gratis para el próximo período, lo que facilitaría proyectos de mejora en el centro.
La comunidad educativa del JCV, uno de los institutos más representativos de Choluteca, confía en que con esta solidaridad se honre la deuda y se eviten mayores complicaciones legales o financieras. El caso resalta los desafíos que enfrentan muchos centros educativos privados y semi-privados en Honduras tras los impactos económicos de la pandemia.
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