El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, capítulo de Choluteca, Gustavo Osorto, condenó enérgicamente el atentado armado perpetrado la tarde del lunes 29 de diciembre contra la abogada Carmen Yolanda Ordóñez Rivas, quien resultó herida de bala mientras atendía en su bufete jurídico ubicado frente al mercado «El Rápido»
El ataque, ejecutado por individuos no identificados, no solo representa una amenaza directa a la integridad personal de una figura destacada en la comunidad jurídica local y nacional, sino que también pone en evidencia las vulnerabilidades en el ejercicio libre de la abogacía en una región tradicionalmente pacífica, generando un llamado unificado para que las autoridades actúen con celeridad y transparencia
El representante gremial expresó su sorpresa ante el hecho, destacando que la víctima es una profesional ampliamente respetada no solo en el ámbito jurídico, sino en toda la sociedad sureña e incluso a nivel nacional en ciertos aspectos.
Horas después del suceso, el Colegio de Abogados se solidarizó con los familiares de la abogada, aunque no han podido contactarla directamente, y reiteró su apoyo incondicional como gremio y como amigos. «Sí, francamente sorprendido, consternado, no nos imaginamos que vamos a vivir una cosa así, y tratándose de quien se trata, de una abogada muy reconocida, no solo en el ámbito jurídico, sino por toda la sociedad del sur, ¿verdad? y a nivel nacional, incluso en algunos aspectos», manifestó el presidente, subrayando el impacto emocional del atentado.
En cuanto a las posibles motivaciones, el gremio descarta preliminarmente que el ataque esté relacionado con el ejercicio profesional de Ordóñez Rivas, basándose en su historial de integridad y manejo ético de asuntos legales, aunque enfatiza que solo las autoridades competentes pueden determinar el móvil exacto en cuestión de horas o días.
El presidente criticó la burocracia y lentitud habitual del sistema de investigación hondureño, urgiendo a la Policía Nacional y al Ministerio Público a desplegar todos los recursos disponibles para esclarecer los hechos de manera eficiente y dar respuestas a la comunidad jurídica y a la sociedad en general.
«El Colegio de Abogados capítulo Choluteca condena este acto tan reprochable en nuestra sociedad, ¿verdad? Dirigido a una profesional de derecho tan distinguida, segundo, pues demandamos de las autoridades la inmediata eh acciones acciones sobre este esta investigación para que se pueda esclarecer con prontitud eh y eficiencia», exigió, reforzando la necesidad de una respuesta rápida para evitar la normalización de la violencia como herramienta de intimidación.
El atentado adquiere mayor relevancia al ocurrir en un momento sensible para el municipio de Choluteca, marcado por el proceso de transición al nuevo gobierno municipal que asumirá en enero de 2026. Ordóñez Rivas juega un rol clave como coordinadora de la comisión encargada del traspaso de mando y la revisión administrativa de la alcaldía, lo que podría insinuar motivaciones políticas o relacionadas con su labor en este equipo, aunque el gremio insiste en que no se debe especular sin evidencia.
Además, se destaca que ella es cuñada del alcalde electo, añadiendo capas de complejidad al caso. El presidente del Colegio subrayó la sorpresa adicional por el hecho de que el atentado fuera dirigido contra una mujer en una ciudad históricamente tranquila, donde eventos de esta naturaleza son inusuales.
«Sin duda, Choluteca ha sido una ciudad pacífica, nunca hemos tenido este tipo de eventos, ¿verdad? Eso también nos sorprende mucho más. Eh, si nos preguntáramos eh a qué profesional del derecho le podría pasar eso o a qué profesional general, pues excluiríamos a la abogada Carmen Yolanda por por su por su forma de ser, por su forma de de de sus ejecutorias en su trabajo», agregó.
El Colegio de Abogados reiteró su llamado al Estado hondureño para garantizar la seguridad de los profesionales del derecho y prevenir que incidentes como este queden en la impunidad, proponiendo incluso reuniones interinstitucionales con entidades como la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público, la Cámara de Comercio y la empresa privada para fortalecer la institucionalidad y el estado de derecho. Con la inminente llegada del nuevo gobierno, el gremio se muestra abierto a participar en tales espacios si son convocados, argumentando que cuentan con profesionales calificados para aportar en temas de seguridad y democracia.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre avances en la investigación, pero la presión del gremio y la sociedad civil busca asegurar que el caso no se diluya en la burocracia, especialmente en un contexto de transición política que podría influir en la estabilidad local.
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