La presidenta Xiomara Castro ordenó el inicio del proceso de transición y traspaso de mando, pero lo hizo dejando constancia pública de su rechazo a los resultados electorales, al calificar al próximo Ejecutivo como un “gobierno de facto” surgido, según dijo, de un proceso viciado por irregularidades.
En un pronunciamiento oficial, la mandataria afirmó que las elecciones estuvieron marcadas por presiones, injerencia extranjera y graves fallas en el sistema de transmisión de resultados, además de la negativa de las autoridades electorales a revisar actas e impugnaciones presentadas por distintos partidos. Aseguró que existen audios que evidencian problemas estructurales en el proceso electoral.
Castro defendió la actuación de su gobierno y sostuvo que el Ejecutivo cumplió con todas sus obligaciones constitucionales, tanto en el financiamiento del proceso electoral como en la disposición de las Fuerzas Armadas para apoyar a los organismos electorales.
“Mi gobierno cumplió con su deber constitucional de financiar las elecciones y poner a las Fuerzas Armadas a la disposición de los organismos electorales”, afirmó.
También recordó que sancionó el decreto legislativo 58-2025, mediante el cual se buscaba ordenar el conteo de actas y votos, pese a que dicha normativa fue cuestionada y señalada de carecer de legitimidad por distintos sectores.
La presidenta arremetió contra la Sala de lo Constitucional, tras la resolución que otorgó un amparo a favor de consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y ordenó suspender investigaciones por presuntos delitos electorales.
“La Sala Constitucional por unanimidad de votos ha otorgado un amparo y ha ordenado al fiscal general suspender las investigaciones sobre los graves delitos electorales”, denunció, al calificar la decisión como una negación de justicia.
En ese contexto, Castro rechazó los señalamientos de que pretende aferrarse al poder y aseguró que respetará estrictamente el período constitucional.
“Declaro una vez más que no permaneceré ni un día más ni un día menos en la Presidencia de la República”, subrayó.
Acto seguido, anunció la orden directa para iniciar la transición administrativa, dejando explícita su postura sobre el resultado electoral.
“Ordeno, en el marco de mis atribuciones constitucionales, al general de la Policía Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad; al ministro de Gobernación y Justicia, Tomás Vaquero, y al director del Servicio Civil, Russell Garay, que se organice y se proceda a la transición y al traspaso de mandato al gobierno de facto declarado por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, sin contar en los tres niveles electorales más de un millón de sufragios”, instruyó.
En la parte final de su mensaje, la presidenta hizo un llamado a la juventud hondureña a no guardar silencio frente a lo que considera un fraude electoral y a mantenerse firme en la defensa del voto.
El traspaso de poder se realizará hacia el gobierno que encabezará Nasry “Tito” Asfura, presidente electo y líder del Partido Nacional, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos en una gira de acercamientos diplomáticos y con organismos internacionales de financiamiento. Asfura se convertirá en el duodécimo presidente electo democráticamente desde el retorno al orden constitucional, en un escenario político marcado por la polarización.
Castro reiteró su postura durante un acto conmemorativo del 144 aniversario de la Policía Nacional, donde afirmó que no puede guardar silencio ante lo que considera un desconocimiento del voto popular.
“Todos estos esfuerzos del pueblo hondureño merecen respeto y por eso no puedo guardar silencio cuando el voto es desconocido”, expresó.
Con esta orden pública de transición, Honduras entra en una etapa decisiva del proceso de traspaso del poder, en medio de uno de los momentos más tensos de su historia política reciente.
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