La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) de Honduras anunció este 15 de enero de 2026 la suspensión del aumento en las tarifas de peaje hasta el 26 de enero, una medida que beneficia directamente a miles de conductores, transportistas y consumidores en la carretera CA-5, principal arteria vial que conecta San Pedro Sula con la capital Tegucigalpa.
El ministro Octavio Pineda, responsable de la cartera, confirmó la decisión en declaraciones públicas, destacando que responde a las demandas del sector transporte que amenazaba con paros y bloqueos ante el impacto económico de las alzas previstas desde esta misma fecha. Esta acción gubernamental evita un «trancazo» nacional y alivia presiones en un contexto de inflación acumulada y costos elevados de combustibles y bienes básicos.
El conflicto surgió porque la Concesionaria Vial de Honduras (COVI), operadora de la CA-5 bajo un esquema de alianza público-privada, insistía en aplicar incrementos por ajustes contractuales no realizados desde 2020, sumados a deudas del Estado hondureño que superan los 12 millones de dólares. COVI argumentaba un desbalance financiero grave, proponiendo subidas progresivas como de 22 a 31 lempiras para vehículos livianos, 44 a 62 para algunos buses y hasta 98 lempiras adicionales para camiones de múltiples ejes, cambios que la Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP) calificó de «unilaterales» e inválidos sin revisión oficial.
El gobierno de la presidenta Xiomara Castro, fiel a sus promesas de campaña, priorizó la defensa de los usuarios sobre las exigencias de la concesionaria, congelando temporalmente las tarifas para ganar tiempo en las negociaciones.
Esta prórroga de once días representa un plazo crítico para alcanzar un acuerdo definitivo antes del cierre del mandato presidencial en enero, aunque COVI ha advertido que no ha habido avances sustanciales y podría retomar el cobro post-26 de enero si persisten los adeudos estatales.
Usuarios de la vía, asociaciones de transportistas y cámaras empresariales celebraron la noticia como un respiro vital, ya que el alza habría encarecido el transporte de mercancías, frutas, vegetales y productos industriales, afectando directamente los precios al consumidor final en un país donde el costo de la vida ya es un desafío diario. La SIT enfatizó que la medida no implica renuncia a responsabilidades contractuales, sino un enfoque equilibrado para modernizar la infraestructura vial sin sobrecargar a la población, en medio de críticas previas por el deterioro de carreteras y falta de mantenimiento pese a los peajes vigentes.
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