El sector empresarial de Honduras, representado principalmente por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y otras cámaras, presentó una propuesta de incremento del 2% al salario mínimo para el año 2026 en el marco de las negociaciones tripartitas.
Esta cifra, revelada eha sido calificada por dirigentes obreros como «insuficiente», «humillante» y «pírrico», especialmente ante el alza en el costo de vida, los combustibles, la canasta básica y los servicios públicos.
Según información circulante en redes y medios, el ajuste propuesto por los empresarios rondaría el 2% (algunas versiones mencionan hasta 2.5%), lo que equivaldría a un incremento muy modesto sobre el salario mínimo promedio actual, que se sitúa alrededor de los 13,600 a 13,985 lempiras mensuales (dependiendo del sector, tamaño de empresa y actividad económica). Este porcentaje contrasta fuertemente con las demandas de las centrales obreras, que exigen un aumento del 8.9% —equivalente a unos 1,244 lempiras adicionales al mes— para recuperar el poder adquisitivo erosionado por la inflación acumulada.
En las reuniones de la comisión tripartita (integrada por gobierno, sector privado y trabajadores), el empresariado ha argumentado que cualquier ajuste debe considerar la productividad, el crecimiento económico y la sostenibilidad de las empresas, proponiendo en etapas previas rangos más altos entre 6.5% y 7% (910 a 980 lempiras extras), pero la oferta más reciente reportada es notablemente menor. Dirigentes sindicales, como los de la Central General de Trabajadores (CGT), han denunciado que el 2% no cubre ni siquiera los niveles de inflación registrados ni el encarecimiento de bienes esenciales.
Las negociaciones continúan sin acuerdo definitivo. La mesa tripartita se reunió recientemente y tiene programadas sesiones adicionales, incluyendo una el viernes reciente. De no alcanzarse consenso, el gobierno podría intervenir y fijar el ajuste por decreto, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026 y vigencia de 12 meses. El salario mínimo vigente para la mayoría de sectores sigue siendo el establecido en 2025 (con ajustes escalonados por tamaño de empresa), mientras que solo el sector maquilador y zonas libres tiene definiciones previas.
La propuesta del 2% ha generado fuerte rechazo en redes sociales y entre trabajadores, quienes la ven como una «grosería» o «ofensa» en un contexto de presiones económicas. El sector privado defiende que busca equilibrio para evitar impactos negativos en el empleo y la competitividad, pero la brecha con las expectativas obreras mantiene la tensión en la mesa de diálogo. El resultado final afectará directamente a miles de hogares en el sector formal privado del país.
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