La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) un informe detallado y exhaustivo sobre el proceso de contratación de la empresa colombiana Grupo ASD S.A.S., encargada de implementar y operar el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el escrutinio general y la divulgación de resultados durante las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.
Según información la PGR requiere que el pleno del CNE entregue una copia íntegra del expediente administrativo de la contratación, incluyendo:
- Pliegos de condiciones
- Ofertas presentadas
- Actas del proceso
- Dictámenes técnicos y jurídicos
- Resolución de adjudicación
- Contrato principal y sus eventuales adendas
Adicionalmente, la Procuraduría solicita información específica sobre:
- La modalidad de contratación utilizada
- El monto total adjudicado (que ascendió a aproximadamente 112 millones de lempiras)
- Las obligaciones contractuales principales de la empresa
- Las medidas de seguridad informática implementadas
- Detalles del software utilizado
- Informes de auditoría del sistema
- Relación de las principales incidencias técnicas reportadas por Grupo ASD o detectadas por el CNE durante la jornada electoral
- Cualquier otro documento relacionado con posibles incumplimientos contractuales
La solicitud de la PGR se da en un contexto de amplias críticas al desempeño de Grupo ASD durante los comicios de noviembre de 2025. El sistema TREP presentó múltiples fallas técnicas desde el inicio de la transmisión, incluyendo colapsos prolongados de la plataforma de divulgación de resultados, lo que generó demoras significativas en la publicación de tendencias preliminares y cuestionamientos por parte de consejeros del CNE, partidos políticos, analistas y sectores de la sociedad civil.
El contrato fue adjudicado por unanimidad el 30 de agosto de 2025, tras un proceso que el CNE calificó en su momento como transparente y apegado a la Ley de Contratación del Estado. No obstante, las fallas operativas posteriores han motivado exigencias de varios sectores para que se investiguen posibles responsabilidades civiles y se deduzcan perjuicios al Estado.
Hasta el momento, ni la PGR ni el CNE han emitido pronunciamientos adicionales sobre el trámite de esta solicitud ni sobre plazos de entrega de la documentación requerida. Se espera que la respuesta del ente electoral contribuya a esclarecer las circunstancias de uno de los procesos más controvertidos de las recientes elecciones generales.
La ciudadanía y los actores políticos continúan a la espera de que las autoridades garanticen la transparencia y el debido esclarecimiento de todos los aspectos relacionados con esta contratación de alto impacto para la democracia hondureña.
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