La Procuraduría General de la República (PGR) presentó este lunes una demanda civil ante los Juzgados de lo Civil contra 97 exdiputados del Congreso Nacional, a quienes responsabiliza por la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2012.
El director de Comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, informó que la acción interpuesta corresponde a un proceso de repetición valorado en unos 54 millones de lempiras, monto que el Estado debió desembolsar tras la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Duarte explicó que este tipo de demandas busca trasladar la obligación económica a quienes tomaron decisiones que provocaron el perjuicio al Estado. Según indicó, el caso continuará con el trámite judicial habitual, que incluye la revisión de la demanda, el emplazamiento de los acusados, la audiencia preliminar, la fase de pruebas, los alegatos y, finalmente, la sentencia.
Los demandados
Entre los señalados figura el expresidente Juan Orlando Hernández, actualmente preso en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico y armas. Hernández presidía el Congreso Nacional en 2012, año en el que se ejecutó la remoción de los magistrados.
La lista preliminar divulgada en medios también incluye a diputados propietarios y suplentes:
| Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 |
|---|---|---|
| Carmen Vázquez | Claudio Roberto Perdomo Interiano | Lorina Dolores Alvarado Lagos |
| Freddy Espinosa Mondragón | Jorge Romeo Silvestri Pérez | William Guifarro Montes de Oca |
| José Arnulfo López | José Discua Elvir | José María Martínez Valenzuela |
| Juan Fernando Lobo Pineda | Abraham Kafati Díaz | Juan Ramón Morales Turcios |
| Mario Alonso Pérez López | María Isabel del Carmen Ferrufino Flores | Marta Concepción Figueroa Torres |
| Óscar Emilio Cruz Pineda | Óscar Orlando Burgos | Óscar Ramón |
| Salvador Cabrera Reyes | Samuel Martínez Durón | Sandra Evelina García Salgado |
| Wilfredo Bustillo Castellanos | Yaudet Burbara Canahuati | Yesenia Coello Zelaya Galeas |
| Juan Orlando Hernández Alvarado | Alonso Agapito Alexander Rodríguez Escobar | Alberto Chedrani |
| Denisse Roberto Velázquez Llanes | Denisse Antonio Sánchez Fernández | Denisse Lisandra Mejía Zelaya |
| Gladys Aurora López Calderón | Gonzalo Antonio Rivera | José Rodolfo Zelaya Portillo |
| José Rosendo Muñoz Troches | José Cárcamo | Juan Ramón Velázquez Názar |
| Julio César Gámez Interiano | Lena Karin Gutiérrez Arévalo | Marvin Ponce Sauceda |
| Mauricio Oliver Herrera | Maynor Humberto Pinto Valle | Rafael Orlando Monge Reyes |
| Ramón Eudoro Chacón Cruz | Raúl Edgardo Bulnes Barahona | Sandra Evelin Figueroa Vanegas |
| Santos Catalino Canales Zelaya | Sara Isbela Medina Galo | Alexis Danilo Trejo Hernández |
| Alan Wilmer Aguirriano | Armando Calidonio Alvarado | Edwin Roberto Pavón León |
| Eleazar Alexander Juárez Sarabia | Eliseo Noel Mejía Castillo | Gonzalo José Rivera Medrano |
| Gustavo Alberto Pérez Cruz | Hipólito Graciela Rodríguez | José Tomás Ponce Pozas |
| José Tomás Zambrano Molina | José Vicente León Rojas | Luis Eberrío Segovia |
| Luis Javier Menocal Funes | Manuel Iván Fiallo Rodas | Miguel Ángel Arita Paz |
| Naín Urbina Urtecho | Norma Aidé Calderón Arias | Ricardo Antonio Díaz Aceituno |
| Rigoberto Chang Castillo | Rolando Dubón Bueso | Sonia Argentina Fajardo |
| Valentín Suárez |
El antecedente de 2012
Los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira habían declarado inconstitucionales varios proyectos impulsados por el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, entre ellos las “ciudades modelo” y la Ley de Depuración Policial.
Las resoluciones generaron tensiones políticas que desembocaron en la creación de una comisión investigadora y, pocas horas después, en la destitución de los togados.
Tras su remoción, los magistrados denunciaron presiones, hostigamiento e incluso intentos de atentado.
En 2024, la CorteIDH concluyó que la destitución fue “arbitraria e ilegal” y violó principios básicos de independencia judicial.
El Estado hondureño, bajo la administración de la presidenta Xiomara Castro, aceptó plenamente la responsabilidad.
“El Estado de Honduras reconoce su responsabilidad y ratifica su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones convencionales”, expresó entonces el procurador Manuel Antonio Díaz, durante el acto oficial de reconocimiento.
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