En un movimiento controvertido que ha generado fuertes cuestionamientos legales y políticos, el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ordenó la publicación en el diario oficial La Gaceta de una ley destinada a «instalar» la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) como querellante autónomo, apenas días antes de culminar su período al frente del Poder Legislativo el pasado 25 de enero de 2026.
La normativa, bajo el Decreto 48-2025, fue remitida para su publicación el 22 de enero de 2026, en medio del proceso de transición hacia el nuevo Congreso Nacional presidido por representantes de la oposición tras las elecciones de noviembre de 2025. Según el documento, la ley consta de ocho artículos y busca combatir las redes de corrupción pública y privada de alto impacto, así como frenar el saqueo de bienes públicos en el país.
Detalles clave de la ley
- Personalidad jurídica y autonomía: Otorga a la CICIH la figura de querellante autónomo por un período inicial de cinco años, permitiéndole actuar de manera independiente en investigaciones anticorrupción.
- Acreditación y funciones: Los miembros de la comisión serán acreditados por el Fiscal General de la República. La CICIH podrá presentar requerimientos fiscales conforme a la Ley del Ministerio Público y el Código Procesal Penal de Honduras.
- Financiamiento: Su operatividad dependerá de fondos nacionales, aunque se enmarca en un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entidad responsable de su implementación.
- Objetivos: Enfocada en desarticular estructuras corruptas que afectan el erario público, con énfasis en casos de alto perfil.
Esta publicación se produjo en el contexto de la culminación del mandato de Redondo, quien asumió la presidencia del Congreso en enero de 2022 bajo la administración de la expresidenta Xiomara Castro. Durante su gestión, la instalación de la CICIH fue una promesa recurrente del Partido Libertad y Refundación (Libre), pero enfrentó obstáculos como la falta de reformas constitucionales necesarias y la ausencia de un convenio definitivo con la ONU –solo se mantiene un memorándum de entendimiento renovado múltiples veces desde 2022.
La decisión ha sido calificada como «insólita» y «polémica» por diversos sectores. El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos denunció que la ley presenta «imprecisiones» graves, ya que Honduras no ha suscrito aún el convenio definitivo con la ONU, lo que convierte la normativa en una «violación mayúscula al derecho constitucional». Barrientos acusó directamente a Redondo de cometer un «delito» al aprobar y publicar la ley sin el respaldo necesario, y extendió la responsabilidad a funcionarios de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) y la Secretaría de la Presidencia del gobierno saliente, tildándolos de «cómplices».
Diputados de oposición y algunos del propio Libre han manifestado desconocer la socialización plena de la ley en el pleno congressional. Fuentes legislativas indican que la aprobación inicial data de junio de 2025, pero no se debatió exhaustivamente ni se convocó al pleno desde agosto de ese año, lo que genera dudas sobre la validez del procedimiento.
Analistas como los del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) han advertido que esta acción podría ser interpretada como un intento de «blindar» la promesa de la CICIH ante el cambio de gobierno, pero sin las reformas clave exigidas por la ONU, como la derogación de la Ley de Amnistía Política o ajustes al Código Penal.
El nuevo presidente del Congreso, Mario Segura (del Partido Liberal, en alianza con el Partido Nacional), ha anunciado que revisará la legalidad de esta y otras publicaciones de último minuto realizadas por la administración anterior, incluyendo posibles irregularidades en el traspaso de activos y cuentas oficiales del Legislativo.
La CICIH ha sido un tema central en la agenda anticorrupción de Honduras desde 2022, inspirada en modelos como la CICIG en Guatemala. Pese a múltiples extensiones del memorándum con la ONU, el mecanismo no se ha materializado debido a la falta de consensos políticos y reformas constitucionales pendientes, como la eliminación de la inmunidad parlamentaria y la exclusividad del Ministerio Público en acciones penales.
Bajo el nuevo gobierno del presidente Nasry Asfura (Partido Nacional), inaugurado el 27 de enero de 2026, se desconoce si se impulsará la continuidad de la CICIH o se optará por mecanismos nacionales para combatir la corrupción. Esta acción de Redondo se suma a otras controversias al cierre de su gestión, como la negativa inicial a entregar accesos a cuentas oficiales del Congreso y pendientes como el Presupuesto General 2026 y reformas electorales.
Expertos coinciden en que el futuro de la ley dependerá de una posible revisión judicial o legislativa en el nuevo período congressional, que podría anularla por vicios de forma.
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