Una grave crisis administrativa en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) está comprometiendo seriamente la provisión de alimentos y necesidades básicas en los centros residenciales de cuidado alternativo, afectando directamente a más de 3.960 niños, niñas y adolescentes distribuidos en 136 instituciones a nivel nacional.
La interventora psicosocial de la SENAF, Daniela Urbina, denunció que la prolongada ausencia de un titular designado en la secretaría impide la firma de convenios necesarios para la transferencia de fondos estatales. Estos recursos son esenciales para cubrir gastos operativos diarios, especialmente la alimentación en los hogares que resguardan a menores en situación de vulnerabilidad por abandono, maltrato u otras formas de violencia.
“La situación se ha vuelto bastante compleja porque no se pueden suscribir los convenios requeridos. Estas instituciones dependen enteramente de fondos nacionales y, sin ellos, no han logrado suplir necesidades básicas como la comida”, explicó Urbina. Agregó que el personal de los centros está haciendo esfuerzos extraordinarios para “aguantar” mientras se resuelve la designación y se concretan los acuerdos legales, pero advirtió que la espera burocrática no puede prolongarse indefinidamente.
Los centros de cuidado alternativo, que funcionan como alternativa familiar temporal para niños y adolescentes en riesgo, enfrentan ahora limitaciones no solo en alimentación, sino también en atención psicológica, mantenimiento de instalaciones y condiciones dignas de alojamiento.
Personal de la SENAF enfatizó que “los niños no pueden esperar decisiones burocráticas”, ya que cualquier demora profundiza la precariedad y vulnera el principio del interés superior del menor, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación hondureña.
La crisis administrativa se enmarca en un contexto donde la SENAF, creada en 2023 como entidad especializada en protección infantil, depende de transferencias presupuestarias oportunas para operar. La falta de un titular con capacidad legal para firmar compromisos financieros ha paralizado estos procesos, generando preocupación entre organizaciones de derechos humanos, defensores de la niñez y el propio personal institucional.
Autoridades y trabajadores de la SENAF urgen una resolución inmediata para evitar que la problemática derive en mayores riesgos para la población infantil bajo su resguardo. El Estado hondureño tiene la obligación constitucional y convencional de garantizar la protección integral de la niñez, incluyendo el derecho a la alimentación adecuada y entornos seguros.
Hasta el momento, no se han anunciado fechas concretas para el nombramiento de un titular en la SENAF, lo que mantiene en alerta a los centros y a la sociedad civil que vela por los derechos de los menores vulnerables en el país.
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